La ONU responsabiliza a las fuerzas congoleñas de la muerte de 47 manifestantes desde enero de 2017

Protestas en Kinshasa contra Kabila
REUTERS / KENNY KATOMBE - Archivo
Publicado 19/03/2018 15:33:50CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 47 personas, incluidas mujeres y niños, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad congoleñas en el marco de las protestas que se produjeron en República Democrática del Congo (RDC) desde el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018, según ha denunciado este lunes la ONU, acusando de un uso excesivo de la fuerza a los cuerpos de seguridad.

Según el informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de la ONU en RDC (MONUSCO), en dicho periodo el derecho a la libertad de reunión pacífica se vio duramente restringido por las fuerzas gubernamentales y con frecuencia reprimido, una tendencia que parece continuar este 2018.

Así, se han documentado asesinatos y otras violaciones graves de los Derechos Humanos debido a un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en el marco de las protestas contra el presidente del país, Joseph Kabila, cuyo mandato concluyó en diciembre de 2016 pero aún no ha dejado el cargo. Está prevista la celebración de elecciones el próximo 23 de diciembre.

El documento ha constatado indicios de que las fuerzas de seguridad han intentado encubrir estas graves violaciones de los Derechos Humanos retirando los cuerpos de las víctimas y obstruyendo el trabajo de los observadores nacionales e internacionales. Asimismo, describe la falta de cumplimiento de los estándares del Derecho Internacional.

El informe se basa en información recabada durante seis días de movilizaciones importantes, durante los que se pudo constatar que aunque algunas personas iban armadas con palos y escobas no intentaron cometer actos de violencia, la inmensa mayoría de los manifestantes fueron pacíficos. Por tanto, considera la ONU, el uso excesivo de la fuerza, incluida la fuerza letal, fue ilegal, injustificado y desproporcionado.

Por otra parte, según el comunicado publicado por Naciones Unidas, el informe también pone de manifiesto crecientes restricciones a los derechos y libertades fundamentales acompañados por discursos inflamatorios y amenazas contra manifestantes, algo que es motivo de preocupación.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La representante especial de la ONU en RDC, Leila Zerrougui, ha sostenido que el informe pone de manifiesto la creciente desaparición del espacio democrático en el país africano desde principios de 2015. "Las manifestaciones están intrínsecamente ligadas con la libertad de expresión y es absolutamente necesario que todas las voces sean escuchadas en el contexto de la próximas elecciones", ha defendido.

Zerrougui ha considerado "un paso positivo" la creación de una comisión conjunta de investigación por parte del Ministerio de Derechos Humanos en la que participen representantes de la sociedad civil con vistas a la "rendición de cuentas y la reparación de las víctimas" y ha reclamado la aplicación inmediata de sus hallazgos, ofreciendo para ello el apoyo de la ONU.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha denunciado que el uso excesivo de la fuerza supone una violación grave del Derecho Internacional de Derechos Humanos y las leyes congoleñas, por lo que ha reclamado una investigación judicial significativa, transparente e independiente de estas violaciones.

En opinión de Zeid, es particularmente preocupante el que las fuerzas de seguridad "comentan esta violencia con casi total impunidad, lo que puede percibirse como incitación a tal represión". "Estamos que se aplasta la disidencia a cualquier precio, incluso a costa de vidas humanas, en RDC por un despliegue sistemático de las Fuerzas Armadas junto con la Policía para gestionar las protestas", ha condenado.

Por ello, tanto Zerrougui como Zeid han instado al Gobierno de Kabila a que a permita el ejercicio del derecho a reunión pacífico y la libertad de expresión, advirtiendo de que la represión solo fomentará la frustración y podría suponer una amenaza al proceso electoral que debe celebrarse este año.