MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cinco de las seis clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo que tenían abiertos expedientes sancionadores por parte de la Comunidad de Madrid por considerar que en sus páginas web habían incurrido información incorrecta al no aludir al riesgo sobre este tipo de intervención han optado por pagar ya una multa a la administración, de 2.700 euros, que supone una rebaja de la cuantía propuesta.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad y de la Asociación de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en relación al proceso sancionador abierto tras la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos.
Una de estas clínicas ha decidido presentar alegaciones al expediente sancionador. Los centros afectados eran Dator, El Bosque, Isadora, Retiro, Sergine Médica y Pacífico
Desde la Consejería explicaron en su momento que la apertura de este expediente solo se refiere a la información de las páginas en Internet, que no se ajusta a lo establecido, y que en ningún caso se refiere a la "praxis" que se realiza en estos centros y a la información que se proporciona a los pacientes en las clínicas.
El asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, ha explicado que a estas clínicas se les proponía una sanción de 4.500 euros y que varias de ellas han optado por abonar ya la multa, que permite una reducción del importe en un 40 por ciento. Con ello, la sanción se queda en 2.700 euros.
En este sentido, el asesor jurídico expone que en la mayoría de las clínicas ha prevalecido la "certeza" de que el recurso administrativo no iba a ser administrativo y que el coste de ir a los tribunales, con gasto de procurador y abogado, no compensaba pues se renunciaba con ello a esa reducción por el "pronto pago".
Precisamente este jueves la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que deje de ser la "progre" y que deje que las interrupciones de embarazo de forma voluntaria sean un "derecho pleno", después de que la Comunidad de Madrid haya abierto estos expedientes sancionadores a seis clínicas privadas dedicadas a esta práctica.
