MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha declarado nula la amortización de los puestos de trabajo del personal no sanitario del Hospital Universitario Puerta de Hierro, que supuso el despido de 180 personas, a finales de enero de 2013.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud el 22 de marzo de 2013.
Esta resolución daba luz verde a la amortización de los puestos de personal estatutario no sanitario de los Grupos C1, C2 y E del Hospital Puerta de Hierro.
De este modo, el magistrado considera en su sentencia que dicha resolución no puede incluir los puestos de trabajo a que se refiere la resolución de la Gerencia del Hospital Puerta de Hierro de 2 de julio de 2007.
En este punto, explica que lo que hay que plantearse en si existe o no vinculación a una oferta. En su respuesta, señala que los puestos incluidos en esta resolución se encuentran vinculados y, por tanto, "respecto de los mismos la Administración no puede proceder a la amortización sin la correspondiente desvinculación".
Por tanto, concluye que el Servicio Madrileño de Salud no podía amortizar estos puestos de trabajo al estar vinculados a una oferta de empleo de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado, CC.OO. ha señalado que "los despidos del personal temporal (interinos y eventuales) y la reubicación forzosa del personal fijo a otros centros, fueron a consecuencia de la privatización total de los servicios no sanitarios de este centro".
"Desde el traslado del hospital Puerta de Hierro a Majadahonda, en los servicios no sanitarios del hospital, convivían trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, con trabajadores contratados por la concesionaria. Pero en noviembre de 2012, la Comunidad de Madrid, anunció la privatización total de los servicios no sanitarios de este hospital: lavandería, cocina, mantenimiento, etc", ha señalado.
Para CC.OO., esta sentencia supone "una nueva victoria contra los planes privatizadores del Gobierno regional del Partido Popular los cuáles constituían un ataque contra la sanidad pública y los derechos de trabajadores y usuarios".
