Más de 10.000 madrileños podrán adquirir sus pisos

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 titulares de derecho de superficie podrán adquirir las viviendas en las que residen, integradas en el Plan municipal 18.000, tal y como venían reclamando desde hacía casi una década, adelantó este jueves el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Para ello el Gobierno municipal ha dado luz verde a un nuevo programa de enajenación de suelo de las viviendas protegidas que se construyeron en el marco del denominado Plan 18.000, que data de 1984. La idea era poner punto y final a una reclamación vecinal que instaba al Ayuntamiento a poder adquirir la plena propiedad de los inmuebles en los que residen.

De este modo, se facilitará que los residentes, exista o no unanimidad de su comunidad o mancomunidad de propietarios, puedan ahora optar a la compra de la cuota de suelo que les corresponda. La matización es importante porque en anteriores intentos municipales para desbloquear el asunto la unanimidad era un factor clave.

La iniciativa beneficia a más de 10.000 titulares de derecho de superficie, de los que 8.559 son familias residentes en viviendas protegidas. De las 108 parcelas de patrimonio municipal de suelo, 18 están situadas en el distrito de Ciudad Lineal, 14 en San Blas, 12 en Villaverde, 10 en Hortaleza, 9 en Fuencarral-El Pardo, 9 en Latina, 9 en Moratalaz, 6 en Usera, 5 en Arganzuela, 4 en Tetuán, 4 en Moncloa-Aravaca, otras tantas en Carabanchel, 2 en Vicálvaro, una en Puente de Vallecas y otra en Barajas.

Las parcelas tienen una superficie de 816.100 metros cuadrados edificables y en ellas están construidas 8.559 viviendas protegidas, de las que 4.899 son de Régimen General y 3.660 de Régimen Especial. Además, existen 2.107 plazas de garaje y locales, con lo que el número de unidades registrales cuyas cuotas de suelo son susceptibles de enajenación alcanza la cifra de 10.666.

El Plan 18.000 nació en 1984, cuando el Ayuntamiento de Madrid inició una política de puesta en el mercado de diversas ofertas de suelo con destino a la construcción de viviendas de protección oficial en régimen cooperativo. Empleó la fórmula de constitución de derechos de superficie con carácter gratuito sobre parcelas municipales a favor de los adjudicatarios resultantes de diversas convocatorias.

Como consecuencia de ello, el dominio sobre los edificios construidos se dividió entre el Ayuntamiento, como titular del suelo, y los residentes en las viviendas, "legalmente denominados superficiarios por ostentar exclusivamente un derecho sobre lo construido en la superficie", matizó Cobo. Pero hubo una pega en todo esto, que los residentes no pudieron inscribir en el Registro de la Propiedad el pleno dominio de sus viviendas protegidas.

Para corregir la situación se llevó al Pleno municipal, en 1992. Ese primer intento no fue todo lo exitoso que se esperaba al exigirse como requisito imprescindible que el acuerdo fuera adoptado por unanimidad en las respectivas comunidades de propietarios. El resultado final fue la enajenación de tan sólo ocho parcelas. Ahora, con la aprobación de este programa de enajenación de suelo pueden comenzar de manera inmediata los expedientes concretos para cada uno de los titulares superficiarios que estén interesados en ellos.

Para su venta, el suelo se valorará teniendo en cuenta los módulos vigentes en materia de vivienda protegida, siempre que se trate de pisos, plazas de garaje vinculadas, anejos y demás elementos incluidos en las calificaciones definitivas de protección oficial. En el caso de cuotas correspondientes a plazas de garaje no vinculadas a las viviendas y locales comerciales serán de aplicación para el cálculo del valor de suelo los métodos de mercado.

Cobo detalló que, dada la actual situación de crisis inmobiliaria, "la diferencia de valor derivada de la aplicación de uno u otro régimen no será significativa, por lo que en ambos casos se tratará de precios de venta asequibles para los posibles compradores". Es por eso que un piso de protección oficial de régimen general, con una superficie de 72 metros cuadrados útiles y una plaza de garaje vinculada de 25 metros cuadrados, cuyo titular posee un porcentaje en la división horizontal del 0'81 por ciento. En este caso, la cantidad a pagar sería de 26.900 euros, más el IVA correspondiente. Esta cantidad disminuiría si la vivienda estuviera sujeta al régimen especial.

Será el propio Ayuntamiento el que inicie el proceso de enajenación, remitiendo a cada titular superficiario una notificación individualizada en la que se hará constar la identificación registral de la finca o vivienda afectada, la cuota de suelo que corresponde a cada titular según el porcentaje de participación en la división horizontal y el precio de venta fijado. Las notificaciones comenzarán a efectuarse en este primer trimestre del año, y a partir del momento en que sean recibidas por los interesados, podrán ejercer su derecho de compra.