Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/06/2009 13:52
El Grupo Parlamentario Socialista exigió hoy al Gobierno regional que rescinda el contrato con la fundación O' Belén y asuma la gestión del Centro Picón del Jarama,, después de que un grupo de ex trabajadores haya denunciado que persisten los malos tratos. En este sentido, el PSOE pide también la dimisión de la directora general del Instituto Madrileño del Menor y la Infancia por su "incompetencia manifiesta".
Los socialistas vienen denunciando las irregularidades de los centros de menores con trastornos de salud mental y otros problemas de conducta desde finales del 2008. El detonante fue el suicidio de un menor y el intento por parte de otro, lo que motivó que el Grupo Socialista realizara diversas iniciativas parlamentarias para recibir información de la situación de estos centros y la denuncia del desinterés de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en resolver la grave realidad de los menores residentes muy especialmente en el Centro Picón del Jarama.
Las iniciativas socialistas se concretaron en una PNL (Proposición No de Ley) donde se solicitó una normativa autonómica específica que regule este tipo de centros, pero no fue apoyada por el PP. La diputada Mercedes Díaz Massó explicó que sus demandas eran fruto de su visita a este centro y coherentes con el reciente Informe del Defensor del Pueblo, donde se denunciaba irregularidades en estos Centros, siendo el peor parado el Picón del Jarama".
Sin embargo, "a pesar de todas nuestras denuncias, la realidad de estos centros sigue sin mejorar e incluso empeora, como pone de manifiesto las denuncias de los monitores del centro Picón del Jarama sobre malos tratos a los menores", indicó.
"Los menores no pueden esperar", afirmó la diputada. "El interés superior del menor nos exige tener un compromiso que va más allá de las buenas intenciones y palabras, en este caso no podemos dejar los menores en manos de quienes están demostrando ser incapaces de garantizar su seguridad y bienestar", añadió.
Para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental garantizar los derechos de los menores y adolescente ingresados en centros de protección de menores con trastornos de salud mental y de conducta, y asegurar la calidad de la atención de los servicios públicos. "Creemos necesario reforzar las medidas de prevención social para atenuar la existencia de este tipo de problemas en la infancia y la adolescencia", concluyó Díaz Massó.