MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que "ejerza" la "responsabilidad" que tiene ante la huelga convocada en Metro de Madrid y "canalice" el conflicto, garantizando a los ciudadanos "una solución para su movilidad". "Cuando se tienen responsabilidades de gobierno, hay que ejercerlas, asumirlas y dar soluciones", enfatizó.
En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, De la Vega hizo un llamamiento a "buscar una solución" ante la paralización de los servicios del suburbano y destacó que es Aguirre quien debe sentarse con los interlocutores sociales y a cuyo Ejecutivo "corresponde esa responsabilidad".
La vicepresidenta mostró su "respeto absoluto" al derecho de huelga de los trabajadores así como su "respeto" a que los ciudadanos puedan acceder a los servicios mínimos, "sobre todo cuando se trata de un servicio público". En este sentido, puso de relieve los "trastornos" que la huelga está ocasionando a los ciudadanos que deben llegar a sus centros de trabajo.
"Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad para que se cumplan los servicios mínimos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es responsable de garantizar esos servicios mínimos, tiene que adoptar las medidas necesarias para que se restablezcan los servicios mínimos", alegó.
"SABER GESTIONAR LOS CONFLICTOS"
En su opinión, el Ejecutivo regional deberá "negociar" con los sindicatos y adoptar las actuaciones que considere oportunas. "Tiene que asumir sus responsabilidades", insistió, para después destacar la importancia de dar una solución a los problemas de transporte de los madrileños. "Gobernar es eso", remachó.
"Es un problema de saber gestionar los conflictos", remarcó De la Vega, quien recordó que la huelga afecta a una empresa de la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, es el Gobierno regional "el responsable de garantizar el funcionamiento" de la red.
La vicepresidenta concluyó haciendo un llamamiento a la responsabilidad y remarcando que en el ejercicio del derecho de huelga se deben garantizar unos servicios mínimos.
