MURCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Murcia ha acusado al delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, de "mirar para otro lado y no colaborar para que la acampada de los 'indignados' en La Glorieta no siga molestando a los vecinos", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.
La concejala de Seguridad y Circulación, Nuria Fuentes, ha explicado que la Policía Local de Murcia se ha dirigido en dos ocasiones a la Delegación de Gobierno, los días 18 y 24 de mayo solicitando su colaboración para poder mantener el orden público en la concentración acampada en La Glorieta.
Ello vino motivado porque los dias 18 y 23, los agentes de la Policía Local, al intentar evitar la instalación de tiendas de campaña en zonas que impedían el tránsito de peatones, "se vieron rodeados e increpados por los acampados, y hasta 300 personas les rodearon la segunda vez, y en ninguno de los dos momentos se encontraban agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el lugar", añade el comunicado.
En el último escrito dirigido por la concejala al Delegado del Gobierno, informa a éste de que las personas acampadas "carecen de autorización para instalarse en la Glorieta, aunque éstos afirman estar autorizados por la Delegación de Gobierno", y añade que su ocupación "está originando molestias a los ciudadanos y a los vecinos, y se han registrado numerosas llamadas al respecto".
Por último, el Ayuntamiento advierte que, de acuerdo con la legalidad vigente, corresponde a la Delegación de Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "el ejercicio del mantenimiento y restablecimiento, en su caso, del orden público en grandes concentraciones humanas".
Asimismo, la concejala ha solicitado el "restablecimiento de la legalidad vigente" y ha ofrecido los medios disponibles desde la administración municipal para colaborar en el ejercicio de las actuaciones se pudieran practicar.
Según el Consistorio, la respuesta recibida por parte de la Delegación de Gobierno "no deja de ser sorprendente, porque en un claro ejercicio de dejación de funciones, nos responde el Delegado del Gobierno que no es competencia suya", ha señalado Fuentes, "porque lo considera una ocupación no autorizada de la vía pública, cuando es un hecho que trasciende esto, ya que se trata de un problema de orden público".
