MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido citado a declarar este miércoles, a partir de las 12.00 horas, ante el juez instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía, en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación.
Un proyecto urbanístico que se encuentra bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción y por el que también ha sido citado a declarar, nuevamente, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, igualmente en calidad de imputado por el referido delito de prevaricación, a partir de las 10.30 horas.
La imputación en esta causa del consejero se prolonga durante un año, desde que el 18 de julio del pasado año el instructor decidiera abrir diligencias para investigar su actuación en Novo Carthago. La primera vez que declaró fue en septiembre y en una segunda ocasión fue citado el 28 de abril de este año para un careo por "contradicciones" entre su declaración y la de M.J.R.A. sobre una reunión en el Ejecutivo murciano.
La ronda de comparecencia continuará este jueves y viernes con las declaraciones como imputados de Antonio A., Manuel Alfonso G., José María B. y Luis R.
En dicho auto, el magistrado instructor del caso advierte que en caso de que no acudan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia estas personas, "la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención".
Además, en la misma resolución, se da la facultad a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de las actuaciones y declarar voluntariamente, ya que es aforada, como imputada por el delito de prevaricación ante el magistrado-instructor. De manera que el Congreso tendrá que acreditar su condición como tal, es decir, miembro de la Cámara y, por tanto, aforada.
ACTUACIÓN DE BASCUÑANA Y BARREIRO
La actuación contra Bascuñana se refiere a que, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
Una resolución, según el magistrado instructor, que "puede ser prevaricadora" al aprobar una reclasificación a suelo urbanizable de un Espacio Natural Protegido calificado como Suelo No Urbanizable de Protección Especial y "vulnerar", asimismo, la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región, procediendo a la "voladura" de las leyes estatales y autonómicas en materia de Medio Ambiente.
Tras hacer referencia al informe del fiscal, que lo ve con "gran acierto", pone de manifiesto que "se está ante un delito de prevaricación continuada, en el que se produce una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última resolución de Bascuñana sin las anteriores y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido, todos son necesarios y esenciales".
Si bien, es en la persona de Barreiro donde el instructor del caso expone exhaustivamente su actuación como alcaldesa de Cartagena, "contraria" al Derecho, al respeto a los Espacios Naturales y Paisajes Protegidos y existiendo indicios racionales de "criminalidad".
Entiende que la actuación fue la tendente a "evitar la revisión del Plan General a sabiendas y de modo deliberado, porque no convenía a los intereses espurios en juego", por lo que el descaro y desprecio por el Derecho "es de tal magnitud".
En definitiva, una "demoledora radiografía" en la que procedieron a desmantelar el ordenamiento jurídico medioambiental.
Se remite a la Ley del Suelo de Murcia, que dice "de modo imperativo y categórico" que "no podrán aprobarse modificaciones de Plan General para cambiar la clasificación o calificación de Suelo No Urbanizable protegido que se motive en la eliminación de los valores que justificaron aquellos". Sin embargo, dice, Barreiro "convocó los sucesivos Plenos con gran celeridad para aprobar una modificación del Plan General para cambiar la clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido".
El magistrado instructor llama la atención sobre el acuerdo entre Rafael G., de la empresa Hansa Urbana, y "autoridades políticas de primer nivel como Pilar Barreiro y otros que no han podido aún ser traídos al proceso porque las cámaras instalados en determinados lugares para la captación de imágenes, bien se trate de grabaciones cercanas a muelles de atraque de yates, grandes hoteles o edificios oficiales, por aplicación de la Ley Orgánica de Protección de dados que dispone que las imágenes sólo se podrán conservar por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron, y en todo caso, deben ser canceladas en el plazo de un mes desde su captación".
El proyecto contemplaba un número total de 10.000 viviendas para 35.000 habitantes, además de hoteles, apartamentos turísticos, áreas comerciales y equipamientos terciarios, entre los que se encontraban campos de golf y cerca de 10.000 plazas de aparcamientos, en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
REACCIONES
En su primera aparición pública tres días después de conocerse este auto, Bascuñana expresó su "total respeto y colaboración" con la Justicia e informó que se había puesto en contacto con letrados para su defensa y a disposición del PP "para lo que sea necesario".
Bascuñana recordó que ocupa puestos de responsabilidad orgánica en el Partido Popular y, por lo tanto, dejó claro que "en ningún momento" se le puede "pasar por la cabeza" el "poder perjudicar a un partido al que quiero, y que creo que lo he demostrado durante muchos años en mi larga trayectoria a nivel político y como militante".
Asimismo, se puso a disposición del partido "para lo que sea necesario", en unos momentos en los que "se abre una etapa" en la que él ha reivindicado su "derecho a defenderse y exponer la situación o aquellas razones que considere, como cualquier otra persona".
Desde Madrid y dos días después de conocerse el auto, Barreiro negó estar imputada en estas diligencias judiciales y aseveró que en sus 20 años al frente del municipio ha obrado con "pena legalidad".
Tras anunciar que se personará en las diligencias, no confirmó si prestará o no declaración. En todo caso, insistió en que todo el proceso de recalificación de terrenos se hizo de forma "absolutamente transparente" y que la decisión final se sometió a votación en el pleno del consistorio.
