La querella, que pide que se interrogue al primer ministro israelí y seis de sus ministros, ha recaído en el antiguo juzgado de Garzón
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los tres activistas españoles que participaron en la 'Flotilla de la Libertad', Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, han presentado este viernes una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis miembros de su gabinete y un alto cargo militar por el asalto al convoy humanitario ocurrido el pasado 31 de mayo, en el que murieron nueve personas. Les acusan de un delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura.
Además, los tres activistas, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideran que los hechos denunciados pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o desproporcionados.
La querella ha recaído por turno de reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, actualmente en manos del juez Pablo Ruz, que sustituye a Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones, y que ahora deberá decidir si la admite a trámite. En ella, se pide que se tome declaración a los querellados: además del jefe del Ejecutivo israelí, los ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
Los activistas defienden que en el caso concurren los requisitos necesarios para la competencia de la jurisdicción española, ya que hay víctimas españolas, son delitos comprendidos en los tratados internacionales suscritos por España y los hechos denunciados no están siendo objeto de investigación judicial por parte de un tercer país.
En concreto, denuncian que los tres españoles "fueron detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, todo ello al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material".
La querella contiene un relato pormenorizado de los hechos desde que, el pasado mes de mayo, los tres activistas partieron en la embarcación Mavi Mármara desde Turquía, "previos exhaustivos controles de seguridad portuarios, que incluían registros personales y de las pertenencias" hacia Gaza. El día 31 de mayo el Ejército israelí "abordó violentamente" los seis barcos de la denominada 'Flotilla de la Libertad' que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
La actuación del Ejercito israelí se saldó con nueve activistas fallecidos en la embarcación Mavi Mámara, 38 heridos y otros tantos desaparecidos. Asimismo, se detuvo y trasladó por la fuerza al resto de pasajeros hasta el puerto de Ashdot, en territorio israelí, más tarde fueron encarcelados en la prisión de Beer Shiva para luego ser deportados y expulsados desde el aeropuerto de Ben Gurión con destino a Estambul, tal y como planearon siete ministros israelíes, que "días antes de producirse los abordajes y la masacre", se reunieron y "planificaron la operación y dieron la orden para dar el ataque".
El escrito relata en concreto los hechos vividos por los tres españoles, que grabaron en vídeo los acontecimientos que se iban sucediendo, y cómo los activistas iban cayendo heridos por disparos de los soldados israelíes. Cuando se dan cuenta de que los militares han tomado el Mavi Mámara, alguien de la organización pide por altavoces que se sienten con los brazos en alto, pero los soldados "una vez pisaban el barco iniciaban las agresiones".
Pormenoriza además las circunstancias que vivieron por separado los tres activistas españoles, que estaban "perfectamente acreditados como periodistas". Así, explica que, durante las doce horas que duró el traslado a Asdhot, Manuel Tapial permaneció "maniatado con las manos en la espalda y vigilado permanentemente por un soldado que no dejaba de apuntarle con su arma", y pudo ver el trato "extremadamente brutal" que recibieron otros activistas, entre ellos un arzobispo palestino.
Los tres fueron interrogados en Israel y conminados a firmar declaraciones en hebreo en las que, según les dijo un traductor, se decía que habían entrado ilegalmente en el país, asumían su responsabilidad y aceptaban su deportación voluntaria. Después permanecieron dos días en encarcelados antes de ser deportados a Estambul.
CANICAS, SILLAS Y PALOS FRENTE A DISPAROS
Además, la querella rebate el argumento del Gobierno israelí acerca de que los primeros soldados en tomar el barco comunicaron que "estaban siendo violentamente atacados y que sus vidas corrían peligro". "Nada más lejos de la realidad", afirma la querella, que reconoce que los activistas "ante el ataque se defendieron", pero recalcan que "no lo hicieron con los mismos medios" que los militares israelíes, ya que su respuesta armada fue "con canicas, sillas y palos".
"Si defenderse con sillas y palos o canicas, con aquello que tenían a mano para poder salvar sus vidas, puede poner en peligro la vida de aquellos soldados, el ataque con armas de fuego que sufrieron los pasajeros del Mavi Mármara, no sólo puso en peligro sus vidas y se saldó con la muerte de nueve activistas, sino que supuso un grave ataque contra los más elementales Derechos Humanos de una persona, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad", explica.
Según los querellantes, la israelí fue "una respuesta desproporcionada a u nos hechos que no tenían relevancia penal alguna -la acción solidaria de un grupo elevado de cooperantes-- y que encaja perfectamente en las actuaciones sistemáticas del Ejército de Israel en contra de la población palestina y de todos aquellos que pretendan ayudarles a paliar las consecuencias del bloqueo que sufren en la franja de Gaza o en los territorios palestinos ocupados".
ORDENES DE MATAR
Defienden además que la reunión mantenida por los siete ministros israelíes y los documentos que portaban los soldados que abordaron el barco, con el nombre de 16 personas que viajaban en él y a las que "debían matar", muestra que "los crímenes cometidos no fueron un accidente o una defensa como quiere hacer ver el Gobierno israelí". "Fueron asesinatos realizados a conciencia, fueron ejecuciones extrajudiciales, que constituyen crímenes contra la humanidad", insisten.
Como prueba, se refieren a las autopsias de los nueve fallecidos, que confirman que los soldados "utilizaron con profusión sus armas", ya que alguno recibió hasta cinco impactos de bala, y, salvo en uno de los casos, "los disparos se efectuaron a muy corta distancia, entre 20 y 45 centímetros". "Eso no es defenderse, sino ejecutar sumariamente a las víctimas", insiste.
Los querellantes enmarcan estos hechos en la situación que vive "un territorio ocupado, o sitiado, contra el cual se vienen generando unos ataques desproporcionados, criminales y contrarios al derecho internacional". Alegan que la situación de conflicto armado entre Israel y Palestina es un hecho que no requiere de prueba, "toda vez que existen múltiples resoluciones de Naciones Unidas que dan cuenta de tal estado de la cuestión".
