SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto-ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, que supondrá un ahorro total de más de 100 millones de euros hasta 2013, así como la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación o transformación de otras 16, al tiempo que se garantiza el mantenimiento de los empleos. El decreto se someterá a la convalidación del Parlamento en una reunión de la Diputación Permanente el próximo jueves.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado en la rueda prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el decreto tiene como objeto dotar al conjunto del personal empleado público afectado por la reordenación (un total de 23.476 personas) de la máxima seguridad jurídica para la salvaguarda de sus derechos. En concreto, del personal funcionario, se ven afectadas 2.069 personas; del personal laboral de la Junta, 1.474, y del personal laboral que no es de la Junta, 19.933 personas. la consejera se refirió a la supresión de 182 puestos directivos, aunque las personas hasta ahora titulares de los mismos no se despiden, sino que vuelven a sus puestos de origen.
Indicó que esta decisión, plasmada en un plan y en el decreto-ley de medidas urgentes, se adopta con los objetivos de contribuir a la reducción del déficit y a la recuperación económica, mejorar la eficacia del sistema y simplificar sus estructuras periféricas, dejando claro que la reorganización de las empresas públicas no afectará a la prestación de los servicios ni al empleo.
A partir del 31 de diciembre de este ejercicio ya tienen que existir las nuebas entidades que se crean a través del decreto y, hasta esa fecha, las actuales agencias o entidades instrumentales afectadas tienen para terminar de cerrar el negocio jurídico que permita que aparezca la nueva entidad.
Entrando en el detalle de la reordenación, la consejera expuso que en el ámbito de Agricultura, se transforma la Agencia de Desarrolo Agrario y Pesquero en
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que adaptará la forma de régimen especial, extinguiéndose el IARA, así como las cámaras agrarias de Andalucía.
En lo referido a infraestructuras, la empresa Ferrocarriles de la Junta de Andalucía se convierte en la Agencia de Obra Pública de Andalucía para hacerse cargo también de proyectos de carreteras y equipamientos públicos, con la consiguiente homogeneidad en los procesos de contratación. Esta decisión supondrá la extinción de la actual entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía, SA.
En los ámbitos universitario y de I+D+i, la principal novedad es la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento por la transformación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. La nueva entidad absorbe a la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia, SLU) y al Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, SAU.
Por su parte, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) absorbe a Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, SA (Fagia). Además, se dispone la extinción por liquidación de las sociedades Linares Fibras Industriales, SAU, Incubadora de Emprendedores de Andalucía, SLU, y Fomento Empresarial, SA.
El Servicio Andaluz de Empleo pasa a configurarse como agencia de régimen especial, con absorción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Asimismo, está prevista la extinción, por una comisión liquidadora, de los 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTDLT). El resultante de esta liquidación será objeto de traspaso, preferentemente al Servicio Andaluz de Empleo.
En materia de salud, la principal decisión adoptada es la designación de la Agencia Pública Empresarial Hospital Costa del Sol como cabecera del grupo integrado por las agencias públicas sanitarias Bajo Guadalquivir, Hospital Alto Guadalquivir y Poniente de Almería.
La reordenación del sector público sanitario andaluz se completa con la extinción de tres fundaciones: Hospital Reina Sofía-Cajasur, por absorción en la nueva Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico); Hospital Clínico, por absorción en la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 'Alejandro Otero' (Fibao), y Fundación Valme, por absorción en la nueva Fundación Pública Andaluza para la Investigación en Salud en Sevilla (Fisevi). Esta última entidad absorberá también a la Fundación Reina Mercedes.
En el capítulo de Servicios Sociales, se crea la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, fruto de la transformación de la Agencia para la Atención a la Dependencia. La nueva entidad absorbe a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FAAS) y a la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias (Fadais).
En el ámbito de la cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por transformación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, mientras que las medidas relacionadas con el medio ambiente y el agua suponen la extinción de la Agencia Andaluza del Agua y de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA, que quedan integradas en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
La reorganización del sector público andaluz se completa, finalmente, con la fusión de las actuales empresas Turismo Andaluz, SA, y Deporte Andaluz, SA. Esta medida, plasmada en un acuerdo específico que también ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, da como resultado la creación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía SA, adscrita a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Además de estas medidas, tanto el Decreto-Ley como el plan abordan una
simplificación general de las estructuras periféricas de la Administración instrumental de la Junta de Andalucía. De este modo, se dispone un proceso para concentrar en edificios únicos las sedes y subsedes de las entidades en aquellos municipios donde existan varias. Esta reubicación unificada supondrá un ahorro de costes por la mayor eficiencia en los gastos de alquiler y mantenimiento, además de mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía, según Martínez Aguayo.
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS LABORALES
Otras disposiciones se dirigen a ofrecer las máximas garantías de salvaguarda de
sus derechos laborales al conjunto de los 23.476 empleados públicos de la Junta de
Andalucía y de sus entidades instrumentales afectados por la reordenación. En este
sentido, el plan conlleva la eliminación de entidades pero no de puestos de trabajo, mientras que se respetan los convenios colectivos en vigor, según la consejera.
La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria y conllevará el mantenimiento de su estatus laboral previo. Además, se le reconocerá el tiempo de servicios prestados en la Administración a efectos de retribuciones por antigüedad.
De igual modo, en caso de reingreso, el tiempo de permanencia en la agencia se le computará para el reconocimiento de trienios. El trabajo desarrollado en los entes instrumentales también será considerado en los concursos de méritos. Por su parte, el personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en las nuevas resultantes de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto al personal laboral de la Administración General de la Junta que pase a una nueva entidad, podrá participar en las convocatorias de concursos de traslados que se realicen en esta categoría durante los cinco años siguientes a la fecha de integración.
