PALMA DE MALLORCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Peñalva, decretó hoy, tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, prisión provisional sin fianza para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Joseph Viaene.
El magistrado le imputa los delitos de falsedad documental, malversación y fraude a la Administración, en el marco de la denominada 'Operación Scala' contra la supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), gestada en la pasada legislatura y a través de la cual se podrían haber malversado hasta cinco millones de euros.
Así lo señaló a los medios congregados en los Juzgados de Palma el abogado defensor de Viaene, Jaime Vallespir, quien eludió pronunciarse en torno a las declaraciones que su cliente efectuó durante aproximadamente hora y media, por estar el caso bajo secreto de sumario. Sobre el ex director general, detenido el pasado jueves, pesaba una detención judicial de 72 horas desde el viernes por su implicación en el caso.
Viaene, esposado y acompañado por dos agentes nacionales y, con semblante serio, accedió a las dependencias judiciales ante la presencia de numerosos medios de comunicación.
Previamente, la ex gerente del Consorcio, Antònia Ordinas, y su mujer, la soprano Isabel Rosselló, habían abandonado los Juzgados tras declarar también ante el juez y después del registro llevado a cabo esta tarde en su domicilio y tras haber permanecido, antes del registro, alrededor de hora y media en el edificio judicial.
Posteriormente, el ex director general salió esposado de los Juzgados a las 22.50 horas, y fue introducido de inmediato en un vehículo de la policía nacional para ser trasladado a la cárcel de Palma.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de palma, Enrique Morell, decretó el pasado viernes detención judicial de 72 horas para Viaene -por los delitos de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración-, que se materializó con su ingreso en prisión, tras ser arrestado el jueves por la Policía Nacional debido a su implicación en el caso y al estar relacionado con el cobro de comisiones que exigía Ordinas a las empresas a las que el Govern contrataba sus servicios.
Concretamente, el Ministerio Fiscal investiga si Ordinas podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de 5 millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio, entre la que se encontraría su propia mujer, a la que contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.
La Fiscalía Anticorrupción lleva semanas investigando toda la documentación existente, facilitada en gran parte por la actual Conselleria de Comercio, de la que depende el CDEIB, que pueda arrojar luz sobre la supuesta trama de corrupción urdida por Ordinas durante la época de Matas, y que el actual Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Francesc Antich, detectó y denunció a la Fiscalía Anticorrupción.
El operativo fue dirigido por la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marin, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Durante los últimos días, se realizaron varios registros en los inmuebles de los sospechosos, entre los que se encontraban el de Ordinas y Rosselló. Esta última figura como la titular de una empresa -Gabinete Alays S.L-, a la que Ordinas adjudicó, vía el CDEIB, informes por valor de 86.000 euros.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del Consorcio. El Ejecutivo pidió a Ordinas y al entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que hicieran efectivo las cuantías que adeudaban. Viaene devolvió el dinero, pero Ordinas siempre se negó en rotundo asegurando que se trataba de partidas necesarias para pagar las elevadas dietas.
