La Coalición Pro Acceso, que acudió a Moncloa en enero, reclama también que un órgano independiente garantice que se cumple la ley
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Coalición Pro Acceso, una plataforma formada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil en defensa de una mayor transparencia, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que la nueva Ley de Transparencia incluya el acceso a la información como un derecho fundamental. Además, ha pedido al Ejecutivo que designe un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la nueva norma.
Así se lo trasladó esta plataforma al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero en el Ministerio de la Presidencia para hablar sobre la futura Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto aprobará este viernes el Consejo de Ministros.
El objetivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes. De hecho, la norma tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, según avanzó la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"BUENA GESTIÓN NO ES POSIBLE SIN TRANSPARENCIA"
La coordinadora de Coalición Pro Acceso, Victoria Anderica, ha expresado su temor a que el Gobierno ponga el acento en el código de buenas prácticas que incluirá la ley en vez de en la transparencia. "Y una buena gestión no es posible sin transparencia", ha dicho a Europa Press, recordando que el "silencio administrativo" llega al 50 por ciento en España.
En parecidos términos se ha expresado la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, que ha subrayado que la nueva ley debería recoger el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; obligar a todas las entidades públicas a contestar las solicitudes de información; y establecer un órgano independiente que asegure el cumplimiento de la ley.
A su entender, esta especie de comisionado de la información --que recibiría quejas y seguiría de cerca el cumplimiento de la norma-- podría encajarse en la Agencia de Protección de Datos o incluso en el Defensor del Pueblo con el fin de ahorrar dinero en la actual situación de crisis.
PRESENTACIÓN EN EL 'OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP'
El pasado 28 de febrero, la vicepresidenta anunció que presentará la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno el 17 de abril en Brasilia, coincidiendo con la reunión del 'Open Government Partnership', iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido.
Dado que falta poco más de 20 días para esa presentación, Helen Darbishire ha advertido de que una norma de estas características requiere un gran debate público para que la sociedad civil pueda hacer sus aportaciones. "Queremos tener la oportunidad de tener ese debate", ha señalado a Europa Press.
El Gobierno tiene previsto volver a reunirse con la Coalición Pro Acceso para informarles tanto del contenido de la ley como de los compromisos que el Ejecutivo llevará a la reunión que se celebrará el próximo mes en Brasilia.
La Coalición Pro Acceso está formada por más de medio centenar de ONGs como Access Info Europe, Amnistía Internacional, Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ecologistas en Acción, Greenpeace España, WWWF-Adena, o Federación de Asociaciones de la Prensa de España, entre otras.
