Los querellantes confían en que el juez se declare competente: "Pronto tendremos el auto que esperamos"
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de 133.708 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista del que se han eliminado las identidades duplicadas que estos colectivos entregaron en septiembre pasado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha solicitado información a las asociaciones para decidir si admite a trámite una querella que le permita investigar las desapariciones que se produjeron durante este periodo, pidió el pasado 25 de septiembre a los querellantes que eliminaran los nombres que se repetían en la primera relación, que recogía un total de 130.137 nombres.
El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco.
DATOS DE TODA ESPAÑA
A esta relación, que no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por otros ejecutivos autonómicos, como el de Asturias.
*El listado entregado hoy a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Según el letrado, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
"PRONTO TENDREMOS EL AUTO QUE ESPERAMOS"
Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que ya se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es "jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional". "Pronto tendremos el auto que esperamos", vaticinó.
Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
INFORME CONTRARIO DE LA FISCALÍA
El magistrado ha tomado estas medidas antes de decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
La Fiscalía, por su parte, solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.
