Bruselas confirma que los bloques de hormigón y el bunkering de Gibraltar no violan legislación de la UE

Actualizado 07/07/2015 22:47:45 CET

BRUSELAS, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado que el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas próximas al Peñón por parte de las autoridades de Gibraltar, así como sus actividades de relleno en el mar y el bunkering denunciadas por España no violan la legislación medioambiental de la Unión Europea.

"Las conclusiones son las mismas en los tres casos. Los servicios de la Comisión han concluido que no se puede identificar ninguna violación de la legislación medioambiental de la Unión Europea", ha explicado a Europa Press el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Joseph Hennon.

La Comisión llegó a esta conclusión el pasado 22 de julio tras analizar las divergencias entre España y Reino Unido en base a "las pruebas" remitidas por ambas partes, ha precisado el portavoz, que ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario no abrió una investigación sobre infracción propiamente sino una mera "investigación piloto".

En el caso de los bloques de hormigón, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que no violan la directiva de Hábitats ni la directiva marco sobre la estrategia marina.

El Ejecutivo comunitario argumenta que, en el caso de la directiva de Hábitats sobre la protección de la fauna y la flora, aunque la especie Patella Ferrunigena, un molusco protegido en el Mediterráneo occidental, sí merece que se le apliquen las disposiciones de protección estricta del artículo 12 de la directiva no se le aplica el apartado 3 del artículo 6 de la directiva.

Éste implica someter a "una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación" de cualquier plan o proyecto que no tiene "relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma" y que sólo permite a las autoridades nacionales competentes aprobar su conformidad con el proyecto "tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública".

Por lo que se refiere a la directiva marco de la estrategia marina, los servicios de la Comisión Europea aseguran, tras evaluar "el impacto de las actividades de coral artificial", que "no implican una obligación de notificación, tal y como insinuó España, sino un requisito de tener en cuenta los efectos transfronterizos sobre la calidad del medioambiente marino de terceros países en la misma región o subregión marina".

En el caso de las actividades de bunkering denunciadas por España, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que la directiva sobre Hábitats "no prohíbe ninguna actividad como el bunkering" aunque sí "requiere a los Estados miembros establecer las medidas de conservación necesarias que se corresponden con los requisitos ecológicos de tipos de hábitat naturales y especies para las que se han designado zonas de especial conservación" y aclara que en base a "las pruebas disponibles" sus servicios "son incapaces de concluir que ha habido una violación" de la directiva.

Respecto a la directiva marco sobre la estrategia marina, la Comisión subraya que "un número de medidas destinadas a impedir y controlar el daño físico y ruido están en vigor y se han aplicado" en relación con las actividades de bunkering, con el objetivo de "mantener bajo control la presión al medioambiente en un nivel compatible con el mantenimiento de un buen estatus medioambiental" y deja claro que "los impactos transfronterizos del bunkering se han tomado en cuenta en la evaluación inicial".

El Gobierno de Gibraltar anunció el viernes pasado que la Comisión Europea dictaminó que "no ha sido posible identificar una violación de la normativa medioambiental comunitaria con respecto a las actividades de bunkering, los proyectos [de rellenos] de Eastside y Sovereign Bay ni tampoco, en especial, el sistema de arrecifes artificiales" en las aguas que rodean el Peñón.

Este pronunciamiento de Bruselas es consecuencia de las quejas que presentó España ante el Ejecutivo comunitario en verano pasado.

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