Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 04/02/2010 08:32
Un comerciante de Vilanova i la Geltrú, Manuel Nevot, lleva por primera vez a juicio una multa de 400 euros que le impuso en 2008 la Agencia Catalana de Consum, organismo dependiente de la Generalitat, por no rotular su establecimiento en catalán.
Nevot solicita que se le anulen dos sanciones -- de 400 euros por no rotular en catalán y de 400 euros más por no disponer de las hojas de reclamación--, y además pide al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad de algunos preceptos tanto de la Ley de Política Lingüística como de la Ley del Estatuto del Consumidor.
En el escrito de demanda, Nevot --asesorado por Convivencia Cívica Catalana (CCC)-- se cuestiona si una ley, ya sea estatal o autonómica, puede limitar las libertades y privar a las personas de elegir la lengua que deben utilizar para relacionarse entre sí. Considera que imponer "coactivamente" el uso de una lengua "es un atropello a la libertad de expresión".
El escrito de demanda se basa pues en una supuesta vulneración de la Constitución, en concreto del derecho fundamental de la libertad de expresión. Nevot asegura que la Constitución "no habilita" a los poderes públicos para imponer el uso de una lengua en las relaciones privadas.
En declaraciones a Europa Press, Francisco Caja, presidente de CCC, explicó que es la primera vez que se lleva a juicio una multa de este tipo, después de rechazarse todos los recursos de la vía administrativa. También destacó que tiene constancia de que otros tres comerciantes han recurrido la multa por la vía administrativa pero que "es un proceso muy lento".
El juicio se celebra hoy en el Juzgado Contencioso- Administrativo número 9 de Barcelona.
EL CASO DEL QUEBEC
El escrito de demanda se basa también en un caso del Quebec de 1989 en el que tres comerciantes recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, después de que el gobierno de Canadá y del Quebec les prohibiera utilizar el inglés en la rotulación de sus establecimientos y les obligara a rotular en francés.
El Comité consideró que se había vulnerado la libertad de expresión y declaró que "todo Estado puede optar por tener uno o más idiomas oficiales, pero, fuera del ámbito público, no puede negar a nadie el derecho a expresarse en un determinado idioma".