El exalcalde de Santa Coloma ordenó ocultar un informe sobre la mala situación económica de Gramepark, según un testigo
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La exedil del PP en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Carmen Sáez Belver ha relatado durante la sesión de este lunes del juicio contra la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria -que operó en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona entre los años 2000 y 2009- que ella advirtió de las modificaciones que se realizaron en el proyecto denominado La Palleresa en 2004 porque se permitió la construcción de vivienda privada en suelo público, y además en una zona donde existía una notable falta de equipamiento. Por ello su grupo votó en contra y exigió que se convocara un nuevo concurso público.
"En 2004 en uno de los plenos se presentan una serie de modificaciones que a mí me parecieron bárbaras -ha asegurado al exedil popular durante su declaración como testigo-. Se admite la construcción de vivienda privada en un suelo público y en una proporción bastante considerable, por lo que desaparecía el proyecto tal y como estaba al principio".
En esta causa la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia a 11 personas acusadas de integrar esta red de corrupción, entre ellos al exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta y hombre fuerte del entonces presidente catalán Jordi Pujol y al exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Múñoz, del PSC. En concreto, se investiga la operación Pallaresa de Santa Coloma, la operación Niesma de Sant Andreu y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona
Según la exedil, desde el equipo de Gobierno municipal no se contestó a las alegaciones que realizó el grupo municipal del PP "y lo normal es que se hubieran contestado por escrito". A preguntas de la fiscal, Sáez incidió en que nunca se explicó la premura con la que se presentaron las modificaciones al proyecto, primero en 2004 y después en 2009 y a su juicio se buscaba " un beneficio más para los promotores que para la población de Santa Coloma".
Sin embargo, y a preguntas de los abogados de la defensa, la ex edil popular ha reconocido que no le consta que durante la tramitación de este expediente urbanístico se cometieran infracciones urbanísticas concretas.
A continuación ha declarado el arquitecto municipal de Santa Coloma Miguel Roich Roch, responsable de los informes sobre las modificaciones que se realizaron al proyecto urbanístico de la Pallaresa.
A preguntas de la fiscal ha señalado que los cambios de equipamiento obedecieron a "criterios técnico-políticos", y que se realizó una modificación de usos para aumentar el de vivienda en detrimento del comercia. A su juicio la adjudicación a las promotoras que realizaron el proyecto tuvo en cuenta su calidad técnica y la adaptación del proyecto a los requerimientos fijados por el Ayuntamiento.
OPERACIONES QUE LLEVARON A LA QUIEBRx
Una de las testificales más concluyentes de este lunes ha sido la del que fuera director de recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma durante la tramitación de estos expedientes, Alberto Gadea, quien ha señalado que él tuvo conocimiento de que la empresa municipal Gramepark, que debía dedicarse a la gestión de vivienda pública, se involucró en operaciones urbanísticas "que no le eran propias" y que la entidad empezaba las obras antes de adjudicarlas entre otras irregularidades.
De hecho, este trabajador -cargo de confianza del alcalde- advirtió al primer edil de lo mal que estaba funcionando la citada empresa pública y de "las irregularidades administrativas de las que supo porque los bancos dejaron de financiar". Constató todo ello en un informe que advertía de un agujero de millones de euros que enseñó a Muñoz, quien le dijo que no lo enseñara a nadie.
También ha hecho mención este testigo a las presiones de las que fue objeto la interventora municipal, Maite Carol, para que eliminara sus observaciones contrarias a una de las operaciones urbanísticas planeadas. Gadea ha afirmado que fue testigo presencial de estas presiones por parte del exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco.
