Piden conservar los 3.000 empleos existentes y que el servicio sea atendido por personal de Justicia y no por registradores
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de Registros Civiles de toda España han celebrado este jueves concentraciones ante sus sedes para reclamar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la conservación de los 3.000 empleos existentes y el mantenimiento de este servicio público y gratuito.
El sindicato de CC.OO. ha calificado como un "éxito" las manifestaciones que ha convocado ante la "inminente" toma de decisión del Gobierno sobre el futuro del Registro Civil.
Los empleados han exigido que los registros sigan siendo "públicos y totalmente gratuitos para la ciudadanía, estando dentro del ámbito de la Administración de Justicia y sean atendidos por su personal". Han demandado que los encargados sean secretarios judiciales o personal del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Tras conocer la intención del Ministerio de Justicia de encomendar la gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles, los funcionarios han exigido que sigan siendo atendidos de forma "exclusiva" por personal de la Administración de Justicia.
Desde CC.OO., Javier Hernández ha explicado a Europa Press que si este servicio deja de ser asumido por un empleado público tendrá un "coste adicional" para el ciudadano y ha explicado que las deficiencias actuales están relacionadas con la falta de plantilla y medios materiales.
FUTURO INCIERTO
Los trabajadores se quejan del desconcierto que sufren al no tener noticias desde el Ministerio y recuerdan que el próximo mes de julio entra en vigor la reforma que aprobó el Gobierno socialista, según la cual los funcionarios y los secretarios judiciales pasarán a ser los encargados de los registros.
Ante este escenario, el Gobierno puede optar por aprobar una nueva 'vacatio legis' con el objetivo de retrasar la entrada en vigor de la norma socialista mientras prepara su propia reforma del Registro Civil.
También está a tiempo de no tocar esta cuestión tras el rechazo unánime que ha encontrado entre jueces, abogados, notarios, funcionarios, secretarios judiciales y los propios registradores.
El sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. (FSC-CC.OO.) ha trasladado estas reivindicaciones a Gallardón en una carta que le ha sido remitida recientemente.
