Dueño de Licuas niega haber donado dinero al PP: "Nunca hemos aportado a ningún partido"

 

Dueño de Licuas niega haber donado dinero al PP: "Nunca hemos aportado a ningún partido"

Publicado 24/04/2017 14:16:05CET

Reconoce haber hecho aportaciones al Ayuntamiento de Majadahonda en "determinados momentos"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El propietario de Licuas, Joaquín Molpeceres, ha negado este lunes en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ser una de las personas que aparece en los denominados 'Papeles de Bárcenas' como donante al PP y ha asegurado que él "nunca" ha aportado dinero a "ningún partido".

Así lo ha dicho ante el tribunal de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido en calidad de testigo. "Nunca hemos participado, ni era yo", ha dicho al ser preguntado por la fiscal Concepción Nicolás si corresponde a él el pseudónimo 'Volpeceres' que aparece en las anotaciones del extesorero 'popular' Luis Bárcenas sobre la donación de 60.000 euros.

"Me pareció sorprendente cuando apareció el nombre de Molpeceres. Nunca hemos aportado a ningún partido", ha precisado. Asimismo, ha afirmado que su nombre "empezó a sonar" porque a "alguien le debe interesar".

"Pero cuando oí esto al señor Bárcenas... Esto es una pura mentira", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado que por qué "no le preguntan al señor (Ángel) Acebes o (Mariano) Rajoy si a mí me conocen, les conozco por la prensa o por algún acto pero nunca, jamás me he reunido con ellos". "No lo asocio con ninguna cosa, no sé por qué salió, no tengo ningún conocimiento para explicar por qué salió eso", ha insistido.

NIEGA HABER PRESTADO SERVICIOS A LAS EMPRESAS DE CORREA

Por otro lado, preguntado por si había realizado algún trabajo a las empresas del 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, en relación a las facturas emitidas por el entramado corrupto a Licuas, Molpeceres lo ha negado. "Se los hicimos al Ayuntamiento", ha apostillado.

No obstante, ha matizado que este pago a las sociedades de Correa fue ordenado por el consistorio majariego en relación a una "aportación que hacen las empresas a los ayuntamientos" en "determinados momentos". Molpeceres ha concretado que se tratan de "cifras pequeñas" e "insignificantes".

El exconcejal de Majadahonda y denunciante de la trama, José Luis Peñas, apuntó en su declaración la existencia de un fax que había llegado desde "tesorería o gerencia" del PP nacional instando a las sedes regionales del partido a "recompensar" a una "serie de empresas" con adjudicaciones públicas por haber entregado "un donativo" a la formación política para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2003.

Por su parte, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega dijo que nunca había recibido dicha misiva aunque reconoció haber recibido una llamada del extesorero 'popular' Álvaro Lapuerta para que "echase una mano" a las empresas Licuas y Coarsa, ya que "era gente que colaboraba con la casa". Además, indicó que uno de los motivos de su salida de la Alcaldía fue porque el empresario se quejó de que no recibían adjudicaciones en el municipio madrileño.

No obstante, el propietario de Licuas -- empresa registrada el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Lezo' que investiga el presunto desfalco del Canal de Isabel II--, ha explicado que no tiene ninguna relación estrecha con Lapuerta y ha concretado que se lo presentó el expresidente del Consejo de Estado, el fallecido Íñigo Cavero y que coincidía con él en el Teatro Real donde tenían "asientos muy próximos".

Sobre la disminución de adjudicaciones, Molpeceres ha recordado que sus consejeros --a los que ha vinculado toda la relación con el Ayuntamiento-- le informaron que "había una baja muy significativa" cuando entró en la Alcaldía Guillermo Ortega: "Me sorprendió cuando me lo notificaron y lo pregunté y me dijeron que 'no debimos de caer bien'", ha enfatizado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, estas mercantiles resultaron beneficiarias de adjudicaciones en Majadahonda por más de siete millones de euros.

LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ SERVICIOS "TRES VECES MÁS CAROS"

Por otro lado, en la sesión de este lunes, también ha testificado el exjefe de Área de Régimen Interior de la Comunidad de Madrid Alfonso Peña Izquierdo, que ha afirmado que el exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo contrató servicios "tres veces más caros" del precio de mercado.

Peña ha explicado que López Viejo supervisaba y controlaba los pliegos de condiciones de contratación que hacía el Área de Régimen Interior --sin competencia para ello, pero por orden de la Viceconsejería de Presidencia por "falta de personal"-- y que "hubo cosas que tachó" en relación a elementos decorativos y equipos de iluminación y sonido de los actos institucionales de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En este sentido, ha afirmado que luego estos servicios fueron contratados por otro lado, los cuales le resultaron "más caros" que los que ellos habían solicitado. Entre ellos, ha destacado que las coronas de flores que presidieron el acto homenaje de los atentados del 11 de marzo de 2004 o del acto del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, fueron "tres veces más caras" que otras y ha señalado que cree que se adquirieron finalmente por 3.000 euros.

MODIFICACIONES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

"Nos quitaron el dinero" para actos que ya tenían preparados, ha agregado, al tiempo que ha afirmado que López Viejo les obligó a hacer "modificaciones" en los pliegos de condiciones. No obstante, este testigo ha asegurado que "nunca" tuvo conocimiento de las empresas adjudicatarias de estos eventos, ni a quién pertenecían, en relación a la trama Gürtel y su 'cabecilla', Francisco Correa.

También, ha aseverado que sí se percató que las facturas que llegaron en 2005 "venían de muchas empresas", mientras que en 2007 llegaban "generalmente de la misma empresa y alguna esporádica". "Fraccionamientos yo no recuerdo haber pasado ninguno", ha concluido al ser cuestionado por el supuesto troceo de facturas que ordenó la Comunidad de Madrid para pagar la organización de eventos y eludir los requisitos legales de adjudicación de concursos.

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