MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, firmó hoy en Rabat las reformas de sendos convenios con Marruecos para la asistencia judicial penal y la extradición, que permitirán "el contacto directo entre autoridades judiciales de ambos países y el traslado de personas detenidas durante una investigación penal", con la excepción de aquellos detenidos marroquíes en suelo español cuyo destino pueda ser "la pena de muerte o la cadena perpetua".
En un comunicado, el Ministerio de Justicia recordó que el nuevo Convenio de Asistencia Judicial sustituye el acuerdo firmado entre ambos países en mayo de 1997 e incluye "la excepción de los delitos de terrorismo al hablar de delitos políticos".
El convenio otorga "carta de naturaleza" a una práctica que venía realizándose entre ambos países, "al amparo de la voluntad mutua de cooperación", pero que no estaba contemplada en el anterior tratado, como es la autorización para que la autoridad interesada "pueda desplazarse al Estado requerido" para estar presente en la ejecución de una solicitud e incluso participar en el interrogatorio de un sospechoso.
Por otra parte, El Convenio de Asistencia Judicial Penal incorpora la posibilidad del "traslado temporal de personas detenidas (incluidos sospechosos o imputados) para la práctica de diligencias de instrucción en una investigación abierta".
A su vez, este acuerdo contempla formas de asistencia como "las entregas vigiladas, en relación con delitos que puedan dar lugar a la extradición; solicitud de información bancaria, registro y congelación de haberes", entre otras.
CONVENIO DE EXTRADICIÓN
El nuevo Convenio de Extradición entre ambos países supone una ampliación de un acuerdo anterior --firmado a su vez en mayo de 1997--, y señala la pena de muerte y la cadena perpetua "como motivos obligatorios de denegación de extradición en caso de que el Estado requirente no aporte garantías suficientes de que ambas penas no se ejecutarán".
El nuevo tratado también regula el procedimiento abreviado de extradición para el caso en que la persona reclamada "consienta ser extraditada" y contempla expresamente "la entrega temporal con un plazo de permanencia en el Estado interesado".
RED DE COOPERACIÓN JURÍDICA
Asimismo, el ministro de Justicia inauguró la red marroquí de Cooperación Jurídica Internacional, dentro del proyecto ADL de 'Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia de Marruecos', financiado por España.
Este proyecto incluye la instalación de un sistema de videoconferencia en la Corte de Apelación de Rabat, que permitirá "la interconexión con la Audiencia Nacional española y una exposición sobre menores vulnerables destinada principalmente a operadores judiciales".
La red está formada por un grupo de 50 jueces y fiscales expertos en cooperación jurídica internacional con la misión de "facilitar, mejorar y fomentar" la colaboración con Marruecos mediante el asesoramiento activo a las autoridades judiciales implicadas.
Para su creación, se ha tomado como modelo las instituciones ya existentes en Europa e Iberoamérica. Según el Ministerio de Justicia, se trata de la "primera experiencia" de estas características en Marruecos y tiene como horizonte "la creación de una red de países árabes que vendría a articularse" con las redes europeas.