Se comprometió a hacer trabajos para la Fundación Irla hasta febrero de 2018 en que prevé reincorporarse a la carrera judicial MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) - En estos e-mail se puede ver la secuencia del encargo y la entrega de los borradores y los textos definitivos. Cuando el exjuez fue detenido el pasado 20 de septiembre estaba realizando el quinto informe titulado "El derecho a una muerte digna. Legislación y Jurisprudencia". En él se abordaban, entre otras cuestiones, la regulación de la eutanasia activa y pasiva en Europa y en América. El quinto apartado de este estudio jurídico era sobre los países en los que se podría "mirar la futura República catalana" y hablaba también de la proposición de Ley del Parlamento catalán sobre la despenalización de la ayuda al suicidio. Santiago Vidal ha cobrado 3.000 euros por cada uno de estos informes, de más de 60 fólios, a los que sumaba el 21 por ciento de IVA y deducía el 7 por ciento de IRPF, según consta en las facturas giradas a la Fundación Irla. La primera de ellas es por dos informes --6.000 euros-- y tiene fecha del 28 de abril, la segunda fue emitida el 26 de junio y la tercera, del 25 de agosto. Los informes con los que se corresponden estas facturas son los siguientes. El primero de ellos, se titula "Garantías Jurídicas para los Derechos Sociales. Una propuesta para Cataluña" y entre otros asuntos, habla de "cinco países de referencia: Suiza, Finlandia, República Federal de Alemania, Dinamarca y Suecia". El segundo informe trata sobre la "Protección de la Libertad de expresión en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"; el tercero, sobre la "Revisión Judicial del Control de Constitucionalidad de las leyes". Uno de los capítulos de este último texto es sobre la Regulación Jurídica en la Constitución Española, y aborda "el fracaso del control ejercido por el Tribunal Constitucional por falta de legitimidad democrática". Otro de los apartados está titulado: "Déficit democrático del control judicial de Constitucionalidad en relación a los estatutos de autonomía sobre referendos populares" y uno más habla sobre la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, bajo el título de "involución del modelo constitucional español. Posible delito de prevaricación imputable a los magistrados del Tribunal Constitucional". Finalmente, para cerrar ese informe, incluya una propuesta de regulación para el "futuro Estado catalán" con una "Sala de Garantías constitucionales del Tribunal Supremo de la República". El cuarto informe es sobre "el derecho de autodeterminación y la vía canadiense". En el analiza las lecciones del caso de Quebec para el futuro de Cataluña y también la Ley de Claridad del año 2000 en Canadá bajo el apéndice "Trampas jurídicas y políticas del Parlamento, el Senado y el Gobierno federal canadienses".
