MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ganará unos 3.000 euros netos más al mes si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba el traslado que ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), según señalaron a Europa Press varias fuentes jurídicas.
El sueldo de un magistrado de la Audiencia Nacional con la antigüedad de Garzón podría rondar, según los jueces y magistrados consultados, los 90.000 euros al año, lo que supondría aproximadamente unos 6.000 euros netos al mes.
Sin embargo, los sueldos en organismos judiciales internacionales como el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) son muy superiores, según indicaron las citadas fuentes, que añadieron que Garzón podría ganar en su nuevo puesto en torno a 130.000 euros, el equivalente a unos 9.000 euros netos mensuales. "Es un pedazo de cargo", señaló uno de los jueces consultados.
Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, un juez de la Audiencia Nacional tiene un sueldo base de 22.755,96 euros anuales, a lo que hay que sumarle los trienios que Garzón ha acumulado desde que inició su trayectoria como juez en 1981, las pagas extraordinarias y las retribuciones complementarias con que cuenta como magistrado de este tribunal.
NO LE PAGARÁ EL ESTADO
La totalidad del nuevo sueldo de Garzón sería asumida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), ya que la Administración General del Estado retira la retribución a los jueces y magistrados que se encuentran en comisión de servicios especiales, según explicaron a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este no fue el caso del permiso de estudios que Garzón pidió entre los años 2005 y 2006 y que aprovechó para dirigir dos ciclos de conferencias en la Universidad de Nueva York. En este caso, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, el juez siguió cobrando su sueldo base con cargo a los presupuestos públicos.
El Tribunal Penal Internacional, que comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, se financia con las contribuciones que hacen los 60 estados que lo reconocen, entre los que no se encuentran Estados Unidos, Rusia, China o la India. Está formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Luis Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.
