MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) - El Gobierno calcula que podrá exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos a finales de año y dará 15 días a la familia para hacerse cargo del cuerpo. En el caso de que la familia no comunique dónde quiere enterrar al general o existan discrepancias entre sus miembros, será el Ejecutivo quien tome la decisión. Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha explicado los detalles del procedimiento iniciado por el Ejecutivo con la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley que da amparo legal a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Este real decreto ley modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 para especificar --añadiendo un tercer apartado al artículo 16-- que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". Franco es la única persona enterrada en el monumento que no murió en la contienda ni fue represaliado posteriormente sino que falleció octogenario de muerte natural y manteniendo la jefatura del Estado. Al lado de su losa, delante del altar de la basílica del Valle de los Caídos, está también enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Él sí fue ejecutado en los primeros meses de la Guerra Civil española, por lo que permanecerá en el Valle. En su caso, el Ejecutivo quiere exhumar sus restos para enterrarlo en otro lugar del Valle, para que deje de estar en un lugar preeminente de la Basílica y tenga un tratamiento similar al del resto de víctimas, como recomendó el Comité de Expertos de Memoria Histórica en 2011. Pero a pesar de que el Congreso de los Diputados urgió en 2017 a exhumar los restos de Primo de Rivera, al igual que los de Franco, con carácter urgente y preferente, el real decreto ley de este viernes afecta tan sólo al dictador. Preguntada por este hecho, Calvo ha hecho un llamamiento a los partidos para que, además de convalidar el decreto, voten su tramitación como proyecto de ley, lo que daría pie a introducir más cambios y mejoras a la actual Ley de Memoria Histórica. El real decreto ley entrará en vigor 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, el Congreso de los Diputados tiene un plazo de 30 días para convalidarlo o tumbarlo. No obstante, y precisamente por tratarse de un real decreto ley --que faculta al Gobierno para legislar sin el aval previo del Congreso en casos excepcionales y urgentes-- el Gobierno avanzará en el procedimiento para exhumar a Franco aprobando en el Consejo de Ministros de la semana próxima un acuerdo de incoación que dará un plazo de 15 días a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y realicen las consideraciones y las alegaciones que consideren. En ese plazo los familiares podrán comunicar dónde desean inhumar de nuevo los restos de Franco y deberán aportar los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de que no contesten o haya discrepancias entre ellos, será el Ejecutivo el que decida el nuevo destino de los restos del dictador en un lugar "adecuado" y digno, explican fuentes del Gobierno sin querer desvelar las opciones que hay. El Ejecutivo, a través de la abadía benedictina que custodia la basílica, ha tenido conocimiento de un escrito de la familia Franco avisando de que no se harán cargo de los restos, pero el Gobierno sólo se dará por enterado de los deseos de la familia durante el trámite formal, explican fuentes del Ejecutivo. En el caso de que tuviera que ser el Gobierno el que decidiera dónde inhumar los restos de Franco, el Consejo de Ministros debería aprobar una nueva decisión en este sentido. Calvo ha justificado la urgencia de exhumar a Franco del Valle de los Caídos porque resulta "inasumible" para una democracia consolidada como la española mantener al dictador "en una tumba de Estado" al lado de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Su permanencia en el Valle de los Caídos, ha advertido, incumple la prohibición expresa en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo". El Gobierno no contempla la hipótesis de que, llegado el momento de iniciar los trabajos de exhumación, la abadía benedictina que custodia la basílica se opusiera. Pero incluso en ese escenario, ha explicado Calvo, los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede facultarían al Gobierno para proceder con la exhumación, según el estudio jurídico que ha hecho el Ejecutivo de la cuestión. Calvo ha confirmado la voluntad del Gobierno, como avanzó el jueves la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, de no convertir la exhumación de Franco en un espectáculo. De modo que, cuando se hagan los trabajos de exhumación, se realizarán con discreción y decoro para evitar que, si la opinión pública es consciente del día y hora de esos trabajos, llegue una avalancha de curiosos o exaltados a la basílica. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros tiene una "caducidad máxima" de doce meses, por lo que de aquí a un año debe completarse el proceso. No obstante, los cálculos del Gobierno es que la exhumación pueda llevarse a cabo en el entorno de finales de año. La vicepresidenta ha indicado que no le preocupa el anuncio del PP de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el uso del real decreto ley por parte del Gobierno para exhumar a Franco. "Lo importante es el fondo, si quiere o no quiere que Franco siga teniendo un lugar preeminente justo donde están las víctimas", ha considerado antes de advertir a los 'populares' de que deberían estar ocupados en presentar propuestas para confrontar con el Gobierno en lugar de "recurrir constantemente en los tribunales la acción del Gobierno".
