El PP vota en contra porque defiende que la competencia es de la Comunidad de Madrid y teme que se viole la Ley de Protección de Datos
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde una proposición no de ley pactada por PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai en la que se insta al Gobierno a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos, y a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos de estas personas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.
El debate sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, volvió al Congreso de la mano de IU-ICV y de Nafarroa Bai, que registraron sendas iniciativas para facilitar a los familiares de las personas enterradas en el mismo complejo que Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera la localización y exhumación de sus seres queridos.
El PSOE, que estuvo representado en el debate por el miembro de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio de Penagos, ofreció sendas enmiendas de sustitución a los grupos proponentes que finalmente salieron adelante con el apoyo de CiU y el voto en contra de los 'populares'.
AGILIZAR LOS TRASLADOS
Así, el Congreso pidió al Ejecutivo que, a más tardar en seis meses, elabore un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos que incluya, en los casos en los que se conozcan, su identidad y lugar de procedencia. Esta información deberá ser facilitada, a través de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil, a los familiares, asociaciones, instituciones o familiares interesados, siempre con "pleno respeto a las normas que regulan la protección de datos personales".
El texto también especifica que "se facilitarán económicamente las exhumaciones" y que, en su caso, "se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", tal y como establece la Ley de Memoria Histórica.
Durante la defensa de su iniciativa, el diputado de ICV, Joan Herrera, recordó que en un principio la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, iba a albergar restos de fallecidos del bando nacional, pero surgieron problemas, como la negativa de los familiares de estas personas y al final el régimen franquista optó trasladar a este espacio los restos de soldados republicanos que se habían depositado en otras fosas comunes.
IDENTIFICAR A LOS DE LOS BANDOS
Aún asumiendo que será difícil identificar todos los restos, Herrera pidió que se ponga nombres y apellidos a todos los que sea posible, independientemente del bando al que pertenecieran, y que se facilite su desenterramiento y traslado a otro lugar si así lo desen sus familiares. En la misma línea, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, aludió al derecho de las familias a hacer el duelo por sus fallecidos "en casa" y no en un "entorno hostil".
En nombre del PP, el vicepresidente tercero del Congreso, Fernández Díaz, recalcó que en su partido consideran "indiscutible y hasta sagrado" que cualquier familiar tiene "absoluto derecho" a conocer dónde están los restos de sus seres queridos y a disponer de ellos, siempre que sea técnicamente posible y se haga en el marco de la ley.
Fernández Díaz argumentó que el PP no puede apoyar que se inste al Gobierno a realizar un censo sobre los enterrados en el Valle de los Caídos porque esta tarea sería, en todo caso, competencia de la Comunidad de Madrid. También avisó de que esa medida podría tener un "efecto perverso" puesto que, desde su punto de vista, hacer pública una relación de los nombres de estas personas podría llevar a una "violación clara y flagrante" de la Ley de Protección de Datos a no ser que se obtuviera el permiso de todas las familias.
RESTOS DE MÁS DE 50.000 PERSONAS
El diputado del PP recordó que el Valle de los Caídos es una basílica-cementerio y que, como recoge la propia Ley de Memoria, se rige por la legislación de cementerios públicos y de lugares de culto, con lo que la competencia para localizar y autorizar las exhumaciones corresponde a la Comunidad de Madrid y en parte también al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En su opinión, el Gobierno central sólo tendría competencias para sufragar el gasto de las exhumaciones o traslados.
En una prolija intervención, detalló que ya existen unas 20.000 fichas de personas "plenamente identificadas" y que son "absolutamente públicas", aunque admitió que se estima que en la fosa común puede haber restos de otras 40.000 personas. Fernández Díaz ofreció todos estos datos para poner de manifiesto la dificultad técnica que implicaría realizar un censo.
