Los ex ministros tendrán dos años de protección, seis meses los ex secretarios de Estado y se reducirá la de los ex presidentes
MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
Algo más de 500 personas quedarán sin "ninguna protección" personal a cargo del Estado al finalizar el plan de reducción de escoltas que el Ministerio del Interior ha reactivado la pasada semana. Estos son los datos que maneja el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, según el cual, de las 1.700 personas que gozaban de estos servicios, un 30 por ciento quedará sin protección
"En España tenemos 1.700 personas protegidas sólo por el Estado. De esos 1.700, nosotros calculamos que un 30 por ciento podrían quedar sin ninguna protección, pero porque se han analizado las causas que se invocaron en su momento como de riesgo y han desaparecido", explica el 'número dos' de Interior en una entrevista concedida a Europa Press.
Según explica, "hay quien dice: 'no es que yo soy juez y tengo un riesgo inherente al cargo'. Ahí no es asumible". "Otra cosa es, por ejemplo, un periodista que esté amenazado en concreto por ETA, eso sí que es un riesgo concreto que tiene una ficha de análisis de riesgo. Esas personas que tienen un análisis particularizado de riesgo normalmente quedan cubiertas pero las que hasta hora lo estaban a lo mejor un poco asociado al cargo o la función que se desempeñaba lo lógico es que desaparezcan".
Además, Ulloa afirma que ha sido necesario también definir el ejercicio de la prestación del servicio de los escoltas. En ese sentido, anuncia que "había que señalar claramente que son dos años para los ex ministros, seis meses para los ex secretarios de Estado, fijar unos límites temporales y fijar tambien unos módulos en función del riesgo. "No es lógico que una persona que es juez de un pueblo vaya con una sobreprotección de cuatro policías porque no existe ese riesgo inherente".
EX PRESIDENTES
Al ser preguntado por la protección de los ex presidentes del Gobierno, avanza que "probablemente el módulo se les rebaje". Explica que en este asunto "no había un baremo homogéneo" y que "mientras que unos ex presidentes llevaban más escoltas, otros llevaban menos". "Lo que hay que hacer es estandarizar, no es una cuestión temporal, sino de números de efectivos", dice.
Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció en el Senado que desde el 1 de abril se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España. No obstante ese plan se ha retrasado varias semanas, según Ulloa porque "ha pillado de por medio Semana Santa y es cierto que ha habido que llevar a cabo una cierta revisión del análisis de riesgo individualizado".
Argumenta que "había muchas personas que en cuanto han odio el 'run run' consideraban que a lo mejor tenían que ser reevaluadas y han instado a solicitudes de evaluación de riesgo". "Eso es lo que nos ha llevado a tener que reevaluar el riesgo respecto a determinadas personas, no sólo judiciales sino diversas autoridades, pero el plan ya entra en vigor y va a ser progresivo comenzando por las escoltas estáticas", sostiene.
El siguiente paso del Ministerio será llevar esta reducción de los efectivos destinados a los servicios de protección en los edificios oficiales públicos. "También habrá un replanteamiento porque cuando uno no tiene una tasa de reposición como nos gustaría tener, solo tenemos un 10 por ciento de la tasa de reposición, de alguna manera tiene que proveerse de efectivos y de recursos humanitarios", admite Ulloa.
REDUCCIÓN TAMBIÉN EN EDIFICIOS PÚBLICOS
A su juicio, "se presta protección a muchos edificios públicos y a muchas administraciones de una forma, no benéfica pero si a un coste mínimo, en concreto con respecto a las Comunidades Autónomas" por lo que se ha considerado "que si no existe riesgo para el edificio o el riesgo puede quedar cubierto mediante otro servicio de protección, como puede ser la seguridad privada, resultaría más racional utilizar esos recursos públicos para necesidades de seguridad pública".
Sobre si las Comunidades Autónomas tendrían que acudir a la seguridad privada, Ulloa dice que desde su Departamento "no se va a imponer a nadie que contrate con uno o con otro, lo que si hará Interior es reubicar a sus efectivos". Este plan afectaría a edificios estatales y algunos autonómicos donde se presta servicios de seguridad por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
"Yo creo que las comunidades autónomas tienen suficiente criterio y madurez política para darse cuenta de que con la que está cayendo no se pueden dedicar los recursos públicos a cosas que no sean imprescindibles", defiende al tiempo que apela al "cierto acompasamiento que tendría que haber por parte de las dos comunidades autónomas que tienen su propia policía".
"Este país no puede seguir soportando un coste de 160 millones de euros al año en protectores porque las fuerzas y cuerpos de seguridad van a hacer falta en otros sitios y la seguridad pública no es sólo la seguridad de personalidades es sobre todo la seguridad ciudadana, o ante todo, la seguridad ciudadana. No se pueden estar despilfarrando recursos que se pueden aplicar en la calle", zanja.
