Aumenta a tres años la pena por enaltecimiento, lo que facilita el ingreso en prisión, y será agravante hacerlo por las redes sociales
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio del Interior busca mejorar el redactado del artículo sobre el denominado adoctrinamiento pasivo para acotar los casos en los que visitar webs de contenido yihadista será considerado delito. Este artículo se introducirá en el Código Penal a través de la nueva proposición de ley orgánica sobre delitos terroristas y a cuyo primer borrador ha tenido acceso Europa Press.
Según el texto presentado este miércoles a los grupos parlamentarios en el Congreso, cometería adoctrinamiento pasivo "quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea cuyos contenidos estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para iniciar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspire para cometer alguno de los delitos de terrorismo o haya iniciado preparativos para ello, o a colaborar con cualquiera de ellos en sus fines".
De este modo, tal y como está presentado el artículo, el mero hecho de visitar de forma habitual este tipo de páginas ya sería constitutivo de delito --castigado con penas de uno a ocho años-- independientemente de que la consulta se hiciese sin afinidad ideológica en el marco de una investigación académica, periodista o policial. Es por ello que ya en el mismo borrador aparece una anotación en la que se llama la atención sobre la ausencia del "elemento finalista", lo que indica que se procederá a su desarrollo en próximos borradores en función de las alternativas de la oposición.
QUEJAS POR EL REDACTADO
De hecho la redacción de algunos artículos, entre ellos este que afecta al adoctrinamiento pasivo, ha sido motivo de queja por parte de alguno de los grupos parlamentarios que ya han estudiado el texto. Así se lo han hecho llegar algunos diputados al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con quien se han reunido este miércoles en el Congreso de los Diputados.
El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció el pasado 14 de enero que está dispuesto a matizar el nuevo delito de adiestramiento pasivo, porque "no es lo mismo que sea un periodista o un policía" quien visite de forma "habitual" una web yihadista, que el que lo haga "otra persona". "Se da por supuesto que quedaría acreditado en la investigación policial o judicial, pero no está de más que quede precisado en el texto legal", dijo.
En concreto, esta nueva ley orgánica surgida del pacto entre el Gobierno y el PSOE viene a modificar los artículos del Capítulo VII del vigente Código Penal sobre delitos terroristas y también introduce otros nuevos con el ánimo de adaptar la ley al terrorismo yihadista, comenzando por establecer una nueva definición sobre lo que es ser terrorista.
SE MENCIONA LA PRISIÓN PERMANENTE QUE EL PSOE NO QUIERE
La principal novedad es que ya no será necesario pertenecer a un grupo armado sino que las actitudes individuales también serán consideradas terrorismo siempre que sea con una finalidad específica. Entre estos supuestos se incluye el de "desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas" o la de "condicionar la actuación de los poderes públicos". Estos supuestos ya han generado el rechazo de algunos grupos parlamentarios que no ocultan su preocupación por que se puede realizar una interpretación errónea de las protestas sociales.
Otro de los puntos polémicos del borrador y que el propio PSOE ya ha trazado como una línea roja que impediría su firma, es la mención expresa a la "prisión permanente revisable", que se recoge en casos en que se "causara la muerte de una persona". Los socialistas ya han avisado que no quieren que su firma se interprete como un aval a una pena que consideran inconstitucional.
En el capítulo de enaltecimiento de estos delitos terroristas, la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante cuando estos mensajes de enaltecimiento y justificación se realicen por Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción y borrado de archivos informáticos o documentos o el acceso portales de Internet.
MOSTRAR VOLUNTAD, SERÁ DELITO
Se recoge como delito el traslado a lugares de conflicto para luchar al servicio de grupos terroristas. En concreto, se castigará con una pena de entre uno y ocho años a quien "se establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista" cuando haya empezado los preparativos, cuando pertenezca a ese grupo o cuando haya mostrado su voluntad de cometer delitos terroristas.
En el nuevo redactado, el mero hecho de "mostrar voluntad de cometer" alguno de los supuestos considerados como terrorismo se castigará con entre ocho y 15 años de cárcel. La pena se podría elevar hasta los 20 años de prisión "cuando se trate de armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas".
El borrador de la ley, de nueve folios de extensión, recoge de la siguiente manera la prohibición para que las personas condenadas por este tipo de delitos puedan ejercer como profesores: "Será también castigado con las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena impuesta".
Asimismo se incluye la figura de libertad vigilada durante un máximo de diez años para aquellos a los que se les imponga una condena grave por uno o más delitos.
