MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La huelga de jueces convocada hoy por Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no tuvo ninguna incidencia en el Tribunal Supremo, donde la totalidad de sus salas realizaron hoy su actividad prevista, mientras que en la Audiencia Nacional el único juez central de instrucción que paró fue el número 6, Eloy Velasco.
En la puerta de su despacho y en el pasillo de la planta primera de la Audiencia Nacional Velasco colgó varios carteles alusivos a la huelga convocada en demanda de mejores humanos y materiales en la Administración de Justicia. Uno de ellos rezaba "únete, es mucho lo que está en juego", mientras que en otro se reclamaba una justicia "digna, independiente y a nivel europeo".
Por su parte, los magistrados del Tribunal Supremo no variaron hoy su actividad por la convocatoria de paros, celebrándose todas las vistas y deliberaciones previstas en la agenda de hoy, según fuentes del alto tribunal.
DATOS PROVISIONALES
A falta de conocer los datos definitivos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reveló a media mañana de hoy que los paros están teniendo un seguimiento moderado en la mayor parte de las provincias españolas, si bien su seguimiento es muy bajo en grandes capitales como Madrid o Barcelona.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pararon 140 de los cerca de 400 jueces que ejercen allí su actividad, y en el País Vasco lo hicieron 42 de los 195 con plaza en dicho territorio. A esa misma hora se calculaba un seguimiento de la huelga del 30 por ciento en Cantabria, mientras que en Castilla y León los paros apenas eran apreciables.
La protesta no está reconocida legalmente ni contará con servicios mínimos ya que, como ha recordado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta semana, el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados "carece, en el momento actual, de soporte normativo".
La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, impulsa el paro al considerar que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia impulsado por el ministro, Francisco Caamaño, es "un fogonazo" que no asegura "la culminación de la reforma" de los tribunales españoles. Por ello, reclama "un verdadero Pacto de Estado que alivie "la desesperación ciudadana y judicial" que, a su modo ver, provocó el actual proceso reivindicativo.
