La juez interroga el martes al gerente de la empresa que facturaba al PSPV por el contrato del Ministerio de Vivienda

Publicado 10/06/2018 12:33:50CET

También comparecerán parte del equipo de la ex ministra Beatriz Corredor, que pidieron ser defendidos por el abogado del Estado

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar el martes a Alberto Crespo Gomar, administrador gerente de la empresa Crespo Gomar, que es el epicentro de la investigación por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV). La magistrada le interrogará en relación al contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda en 2009 por el importe 126.208 euros.

Este mismo día también tomará declaración al que fuera jefe de Gabinete de la ex ministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el ex subsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, cuyas declaraciones fueron suspendidas porque solicitaron ser defendidos por la Abogacía del Estado.

Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, está investigado por el delito de malversación de caudales públicos por su participación en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 a favor de su empresa y sobre el que un informe pericial destacó que era "incoherente e imposible". De hecho, la juez manifestó durante las últimas declaraciones sus sospechas sobre si la concesión del contrato en cuestión se hizo de forma correcta.

Según han declarado otros investigados en esta causa, el contrato de publicidad fue concedido a esta agencia que realizó servicios para los socialistas valencianos, ya que la Mesa de Contratación tuvo en cuenta que era la mejor oferta económica, pese a no ser la mejor desde el punto de vista técnico. Incluso la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- reconoció ante la juez que la documentación sobre la adjudicación tenía irregularidades, pero se desvinculó de todas ellas.

El informe pericial, que fue entregado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, señala que el representante de la Abogacía del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.

CUESTIONA LA URGENCIA DE LA ADJUDICACIÓN

El perito también cuestiona que el director del gabinete de Corredor, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como "urgente". "Más que una urgencia parece una imprevisión", dice el informe porque no prevé la duración del mismo y sólo se indica que debía ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008 y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Con respecto a los otros investigados, la juez Pérez Barrio explica en el auto en el que les cita como investigados que Marcos Vaquer, entre otras actuaciones, suscribió el Informe de insuficiencia de medios y firmó junto a Eva Cuesta el contrato de adjudicación de fecha de 29 de diciembre, el acta de recepción del 30, y el certificado de conformidad con la factura y contabilidad de la misma. Por otro lado, indica que Cuesta fue convocada como vocal a las Juntas de la Mesa de Contratación del 27 de noviembre y a las tres que hubo en diciembre, a las que no compareció.

Asimismo, el informe pericial destaca que en el expediente no consta el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. En este caso, afirma que hay "una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de ellos cuya presencia no se acredita".

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a su favor. Paralelamente, otro juzgado madrileño incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.