El PP pide dejar al margen la actividad económica de los grupos parlamentarios y municipales, en contra del Tribunal de Cuentas
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Contabilidad que la Ley de Financiación de Partidos de 2007 pidió para las formaciones políticas y sus fundaciones empezará a aplicarse en 2014, siete años después, y sus resultados se verán en 2015, una vez que venza ese primer ejercicio de vigencia.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó este martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) los ejes principales del borrador que la institución remitió a las Cortes el pasado mes de marzo y que hasta ahora no se ha podido debatir.
Tras escuchar al presidente de la institución, la Comisión Mixta organizará un nuevo debate con propuestas de resolución de los grupos parlamentarios sobre las cuestiones que quieren modificar. Las conclusiones se elevarán al Tribunal de Cuentas, que ya aprobará un texto definitivo para su aplicación con fecha 1 de enero del año siguiente, esto es, 2014.
En todo caso, la institución ha precisado que el plazo de aplicación es orientativo y que será el Pleno del Tribunal de Cuentas el que, atendiendo a la evolución de las estructuras contables de los partidos, determine si se alarga o acorta ese periodo transitorio.
DEBATE INTERNO Y ASESORÍA DE AUDITORES
Álvarez de Miranda ha comentado a diputados y senadores la complejidad de diseñar ese plan de contabilidad que los partidos y fundaciones vinculadas deberán seguir anualmente para la presentación de sus cuentas.
Ha reconocido que hubo un "intenso debate" en la institución acerca del procedimiento que debía seguir y que se decidió suscribir un convenio con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para empezar escuchando a expertos antes de la redacción del anteproyecto.
El PP, por boca del diputado Eloy Suárez, entiende esa complejidad y ha afirmado que tampoco resulta fácil para los partidos adaptarse a esta nueva normativa contable. De entrada, ya ha adelantado que mantiene algún "punto de fricción y conflicto" con el Tribunal de Cuentas.
A su juicio, los grupos parlamentarios y los grupos políticos de las entidades locales deberían quedar fuera de ese plan de contabilidad de los partidos porque "tienen una normativa propia en los reglamentos de las Cámaras o de los Ayuntamientos".
En cambio, el Tribunal de Cuentas considera que los parlamentarios y concejales, independientemente del grado de autonomía implantado en la toma de las decisiones económicas, llevan a cabo la labor de los partidos políticos en las instituciones, por lo que prefiere incluir sus datos siguiendo el principio de "continuidad de la actividad económica".
"En consecuencia, a efectos de la representatividad de los estados financieros de los partidos políticos, se considera que las cuentas anuales consolidadas son las que mejor reflejan, en todos los aspectos significativos, la actividad económico-financiera del partido político", señala en borrador de Plan de Contabilidad.
El PP ya ha anunciado que pedirá la exclusión de los grupos parlamentarios y municipales, como de hecho ya avanzado en otra propuesta de resolución referida al informe de los partidos políticos en 2007.
La propuesta del PP se produce justo en un contexto en el que el Gobierno viene rebajando las subvenciones que se otorgan anualmente a los partidos políticos --un 60 por ciento en apenas año y medio-- y cuando los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en las Cortes y la gran mayoría de los Parlamentos autonómicos.
HAY QUE BUSCAR LA CONTABILIDAD MÁS COMPLETA
Álvarez de Miranda ha prometido que el Tribunal de Cuentas va a estar "atento" a las resoluciones que apruebe en su momento el Parlamento pero ha recordado que la ley busca analizar cada partido como "una única realidad económica" y que conviene buscar "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".
El Plan de Contabilidad para las formaciones políticas también prevé la inclusión en las cuentas anuales consolidadas de las organizaciones políticas de "la actividad desarrollada por las sociedades controladas" por los partidos y "por las fundaciones que tengan la calificación de entidades vinculadas".
Precisamente en este punto el PP ha pedido también las modificaciones normativas oportunas para establecer unos criterios destinados a determinar la existencia de vinculación entre fundaciones o asociaciones y partidos políticos.
