MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La prensa internacional se ha hecho eco del daño que la investigación en torno a la actividad empresarial del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, está infligiendo a la imagen de la monarquía española.
En sus ediciones impresas o en Internet, interpretan el anuncio de Zarzuela de dejar fuera a Urdangarin de los actos oficiales así como el compromiso de desglosar en breve el presupuesto de la Casa del Rey como un intento de limpiar la "mancha" provocada por el 'caso Urdangarin'.
La cadena británica BBC destaca el carácter "excepcional" de la polémica dentro de la Familia Real española y llama la atención sobre el hecho de que no está claro si las investigaciones en torno a las actividades empresariales presuntamente irregulares de Urdangarin alcanzan también a su mujer, la Infanta Cristina.
El diario británico 'The Guardian' califica el doble anuncio ayer de Zarzuela como un "movimiento sin precedentes para limpiar una reputación cada vez más empañada" por el "escándalo" del 'caso Urdangarin'.
La cadena de televisión norteamericana CBS habla de que "crece la distancia" entre Urdangarin y la Familia Real española por unas acusaciones que parecen "terribles" para la institución en un momento en que España afronta una tasa de paro del 21,5 por ciento.
El rotativo 'New York Times' también se refiere al carácter excepcional del escándalo dentro de la Familia Real, cuyos miembros "normalmente no han estado expuestos al tipo de escrutinio que sí han sufrido sus homólogos en Gran Bretaña".
Para el argentino 'La Nación', Urdangarin "comenzó a pagar ayer, en público, el elevado precio del escándalo por corrupción" y fue "duramente reprendido ante la prensa por el Palacio de la Zarzuela, que calificó de "no ejemplar" su comportamiento.
Aunque Urdangarin no ha sido por el momento acusado formalmente de ningún delito, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que él y su socio Diego Torres en el Instituto Nóos --una entidad sin ánimo de lucro-- desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados a otros empresas bajo su control, para lo que fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulaban trabajos "ficticios".
