MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, integrada en el Grupo Mixto del Congreso, ha arrancado su labor de control parlamentario al Gobierno registrando una batería de una treintena de preguntas, en su mayoría sobre terrorismo, para las que solicita respuesta por escrito. Díez ya había presentado una iniciativa legislativa sobre la reforma del sistema electoral, una de sus promesas programáticas, con la que se estrenó en sus tareas parlamentarias.
El terrorismo constituye el tema central de los interrogantes que Díez ha planteado al Gobierno y a los que ha tenido acceso Europa Press. Así, entre otras cuestiones, la líder de UPyD se interesa en conocer las cantidades satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio de Interior para resarcir a los afectados por los últimos atentados cometidos por ETA.
Entre otros, cita los que tuvieron lugar contra la Comisaría de la Ertzaintza de Zarautz (Guipúzcoa), contra la sede de los Juzgados de Vergara (Guipúzcoa), contra el edificio del Jugado de Paz de Sestao (Vizcaya), contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya), contra las sede del PSE de Derio y Balmaseda (Vizcaya), contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) o el que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006 contra el aeropuerto de Madrid-Barajas, que costó la vida de dos ciudadanos ecuatorianos.
En esta línea, Díez se interesa por que el Gobierno detalle cuántos procesos relativos al bloqueo de la financiación del terrorismo de ETA y a otras organizaciones terroristas de carácter yihadista o islamista, se han iniciado, terminado o están en curso durante la pasada legislatura.
LAS CUENTAS DE ETA.
Sobre esta cuestión, también pide al Ejecutivo que especifique qué resultados se han derivado de la actuación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, cuántas operaciones han sido bloqueadas y cuál es su cuantía. Asimismo, quiere conocer el número y el tipo de sanciones impuestas por dicho organismo a las entidades obligadas por la de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo y el nombre de las mismas.
Además, la diputada de UPyD ha registrado una pregunta en la que le reclama al Gobierno que aclare si está conforme con que los once empleados del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) cobren el seguro por desempleo tras la suspensión de actividades partido.
En su escrito, Díez señala que la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa ha emitido un informe recomendando la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) referido al PCTV, un informe, añade, que ser aceptado por la autoridad laboral, implicaría la posibilidad de que los 11 empleados del PCTV pasaran a percibir las prestaciones del seguro de desempleo, y eso que nueve de ellos están imputados por delitos terroristas dado que su actividad laboral dentro del partido se presume delictiva.
En otro orden de cosas, UPyD pide al Gobierno que dé cuenta de sus previsiones para mejorar las retribuciones del personal de la Administración General del Estado y de minorar las diferencias con respecto a las comunidades autónomas y ayuntamientos de más de 250.000 habitantes, y de su intención de abrir un expediente al Ayuntamiento de San Cugat (Barcelona) por presunción de ilegalidad al promover la anulación del acuerdo adoptado sobre la declaración de independencia de Kosovo.
EL CAOS DE LA JUSTICIA Y EL 'CASO MARILUZ'.
Díez también recoge el 'caso Mari Luz' para denunciar el "caos" que, a su juicio, preside la fase de ejecución de sentencias penales en España. En este apartado, la diputada de UPyD denuncia por su "pasividad e ineficacia" al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial y reprocha al Ejecutivo que no desarrolle "una verdadera política estratégica global" en esta materia para adelantarse a los problemas y "no reaccionar tarde y mal".
En este contexto, la ex europarlamentaria socialista reclama al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que informe del número de ejecuciones penales pendientes en España, el tiempo medio de resolución y la cifra de personas que se encuentran en busca y captura hasta el presente mes. Además, insta al Gobierno a que precise si tiene previsto diseñar un sistema informático a nivel nacional para conocer la situación personal de todo condenado penalmente.
Pero, del mismo modo, quiere conocer, entre otros asuntos, las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para conseguir una coordinación directa y eficaz de los órganos judiciales con instituciones penitenciarias y policía, y para dotar a las comunidades autónomas de los medios materiales y personales suficientes para garantizar que los jueces y los tribunales cumplan eficazmente su función.
REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL.
Al paquete de preguntas que Díez ha registrado en el Congreso el pasado viernes se añade además una proposición de ley sobre la reforma del sistema electoral, uno de los tres ejes básicos del programa.
En su iniciativa, la líder de UPyD plantea elevar a 400 el número de diputados del Congreso, la mitad de los cuales se elegirían en circunscripciones autonómicas y la otra mitad en una estatal. Además, propone que la circunscripción electoral pase a ser la comunidad autónoma en lugar de la provincia y que se establezca una circunscripción única a nivel nacional.
En su argumentación, UPyD defiende este sistema como "el más proporcional, estable y democrático" para el conjunto de los ciudadanos, al tiempo que confía en que esta propuesta sea un primer punto de partida para analizar el "necesario" cambio del sistema electoral con el resto de fuerzas parlamentarias.
