Piden a CCOO, UGT y Sterm que se sumen y advierten que "pondrán en cuestión actuaciones que pidan en un futuro de forma coordinada"
MURCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional y los seis sindicatos profesionales de Educación, Sanidad y de la Administración General han acordado este lunes la creación de una Comisión de Seguimiento cuyo propósito no es otro que el de "establecer los mecanismos para recuperar en estos meses y los venideros lo perdido" como consecuencia de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
Así lo han anunciado los representantes de las centrales sindicales firmantes tras el encuentro que han mantenido con el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y al que también han acudido los consejeros de Presidencia y Administraciones Públicas, Educación Formación y Empleo y Sanidad, María Pedro Reverte, Constantino Sotoca y María Ángeles Palacios, respectivamente, que han estado presentes en las negociaciones.
Con posterioridad a esta reunión, CSI-Csif, Satse, CESM, ANPE, SIDI y SAE han firmado el documento por el que dicha Comisión, que se encargará de analizar la situación económica y cómo se va desarrollando, ha quedado constituida formalmente, según ha adelantado Reverte.
En esta misma línea, ha anunciado que la modificación de la Ley de recortes se hará a través de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional que se pretende que entre en vigor el 1 de marzo, puesto que con ello "se acabaría la situación desventajosa para los empleados públicos".
Precisamente, a estos más de 55.000 empleados públicos, la consejera Reverte le ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que tras el proceso de negociación "verán mejoradas sensiblemente las condiciones de trabajo".
Y es que, ha subrayado, una vez que la situación económica vaya mejorando "se irán recuperando todas aquellas medidas que coyunturalmente quedaban suspendidas".
"UNA DEROGACIÓN A PLAZO ENTERA DE LA LEY"
Sobre este carácter coyuntural, los sindicatos firmantes han coincidido en señalar el carácter de caducidad de la ley de recortes, fijado para el 31 de diciembre. Así, el presidente autonómico de CSI-Csif, Ventura Martínez, ha resaltado que lo importante del acuerdo radica en que se ha conseguido poner fecha de caducidad a los recortes de la Comunidad, "y todo volverá a ser como antes".
Es por ello por lo que ha dejado claro que su objetivo, el de derogar la ley, se ha conseguido al entender que "es una derogación a plazo entera" de la misma. "Hoy es el punto y seguido de una larga, dura y complicada negociación con el Gobierno regional de una ley altamente lesiva", ha indicado.
El documento final acordado con el Gobierno regional pone de manifiesto, según Martínez, que el objetivo prioritario es "mantener el empleo público", de ahí que haya insistido, como el resto de centrales sindicales, que "no se cesará a ningún interino ni a ningún empleado público por motivo de esta ley".
Por tanto, el nivel de satisfacción global de los seis sindicatos es el de satisfacción, que se extiende al CESM, donde su presidente, Francisco Miralles, ha incidido en que "siempre es más difícil construir que destruir y lo que Murcia necesita es la construcción".
Estos sindicatos consideran, en palabras de Ventura Martínez, que "se ha conseguido entre el 80 y el 90 por ciento de los objetivos que al principio se planteaban, y la promesa de que se recuperará todo lo que se nos quita este año cuando las condiciones económicas así lo establezcan".
Aunque todas las centrales sindicales firmantes han advertido de la "dureza" de esta ley para el empleado público, han recordado los recortes del Gobierno de la nación, que aún "siguen en vigor", por lo que hay "una diferencia" entre el Ejecutivo murciano y el de la nación, ha argumentado desde Satse su secretario autonómico, José Antonio Blaya.
Asimismo, y desde el sector que encabeza ha asegurado que "no se perderán puestos de trabajo, puesto que la sanidad tiene que estar abierta 24 horas al día y hasta ahora, con esta ley se estaban perdiendo 250 personas en un mes que han ido a la calle y ahora habrá que recuperarlos".
Desde ANPE, su presidente, Clemente Hernández, ha destacado que "se ha llegado al mejor momento que se podía esperar, porque es la primera vez donde hay una ley que nace ya con fecha de caducidad".
CRITICAN LA "PATADA" QUE SE LES HA DADO
Con respecto a la actitud que mantienen los sindicatos que no se han adherido a este acuerdo --CCOO, UGT y Sterm--, Hernández ha reprobado la "intoxicación" de exagerar las consecuencias, por lo que se ha unido a ese mensaje de tranquilidad de la consejera Reverte a los empleados públicos murcianos, a quienes le ha solicitado que se lean el documento y presten atención a que tiene fecha de caducidad.
"Que calibren los hechos, porque si se sigue el camino de los otros tres sindicatos que no han firmado habrá ley para todo este año, 2012 y 2013", ha enfatizado el presidente de ANPE, que representa al 40 por ciento del profesorado, tras expresar su preocupación porque CCOO, UGT y Sterm "no hayan cumplido" con el acuerdo que se estableció al inicio de las negociaciones de que irían todos juntos.
De forma, ha continuado, que "a última hora y por diversas razones se salen del documento e intentan darnos una patada al decir que no vale nuestra representación, insultando al profesorado que no está en esa mesa general".
En su opinión, "no se va a hacer nada ilegítimo con la negociación y nos sentimos respaldados"; de ahí que haya apuntado que "a partir de ahora se pondrá en cuestión en un futuro las actuaciones que nos puedan pedir de forma coordinada esos sindicatos que ahora nos ponen en duda".
El portavoz de SIDI, Luis Prieto, ha agradecido la voluntad negociadora de las centrales sindicales y su capacidad de "ceder y no someter" que han tenido, al tiempo que ha advertido, en relación a los sindicatos que no se han sumado al acuerdo, que "decir todo o nada no es negociar".
Por ello, todos los sindicatos han vuelto a invitar a CCOO, UGT y Sterm a que se sumen a este acuerdo, porque de no ser así "las condiciones laborales de los funcionarios serían mucho peores".
