Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/11/2009 17:49
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña no ha detectado irregularidades en sus auditorías sobre el Institut Català del Sòl de la Generalitat (Incasòl). El organismo fiscalizador ha analizado sus cuentas hasta 2004 y hasta esa fecha no ha encontrado irregularidades vinculadas a operaciones suyas con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Fuentes de la Sindicatura informaron a Europa Press de que no está obligada por ley a fiscalizar anualmente el Incasòl.
El síndico mayor de Cuentas, Joan Colom, declaró hoy a Rac1: "En los últimos años no tengo presente que haya nada significativo. A priori yo diría que, con el conocimiento que tenemos del tema, el Incasòl no parece involucrado" en el caso Pretoria.
El Incasòl, dependiente de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, anunció el sábado que ha decidido revisar las gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Santa Coloma, y negó que su gerente, Emili Mas, esté acusado en la supuesta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El ente señaló que del auto del caso Pretoria "no se desprende ninguna acusación contra Mas".
Colom afirmó hoy que la Sindicatura, que en 2007 ya alertó al Parlament de irregularidades en la gestión de las empresas del Ayuntamiento de Santa Coloma, ha empezado a investigar otros ayuntamientos en base a denuncias que ha ido recibiendo antes de surgir el caso Pretoria.
Entre los ayuntamientos que la Sindicatura tiene que investigar este año figuran los de Salou y de Cunit (Tarragona), que han sido polémicos por operaciones urbanísticas.
AUGURA MÁS IRREGULARIDADES
Aunque Colom auguró que se detectarán más irregularidades municipales que las de Santa Coloma, aseguró que el informe presentado al Parlament en que se fiscalizaban las cuentas de 2003 de esta ciudad es "el más importante" de los que ha visto la Sindicatura hasta el momento.
Según subrayó, las conclusiones de ese informe especificaban que podía haber responsabilidades "contables, administrativas o de otro tipo" en cinco capítulos.
Colom explicó que el documento fue enviado primero al presidente del Parlament y al alcalde de Santa Coloma. Concretamente, se registró en la Cámara el viernes 2 de agosto de 2007, para que la Mesa pudiera admitirlo a trámite en su reunión del martes. Al día siguiente, se envió a todos los miembros de la Comisión parlamentaria de la Sindicatura y del Ayuntamiento, tras lo cual la Sindicatura lo colgó en su web.
"El grupo parlamentario de CiU dijo que le interesaba pero después, pasados unos meses, lo dejó", dijo Colom, quien recordó que la comisión parlamentaria de la Sindicatura sólo debate informes de este organismo sobre el sector público local si los grupos lo piden.
Aun así, el 28 de mayo de 2008 el informe fue remitido al Tribunal de Cuentas, que en septiembre abrió diligencias, y en noviembre pidió a la Sindicatura que nombrara un instructor delegado para el caso. "Nosotros nombramos un letrado el 11 de diciembre que, a partir de entonces, trabaja para el Tribunal de Cuentas", añadió.