MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varias organizaciones de derechos humanos han pedido a Naciones Unidas que investigue la detención "arbitaria" de los dos titiriteros que representaron una obra satírica en el Carnaval de Madrid por la que fueron encarcelados el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio.
Los firmantes han enviado una comunicación al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en la que recuerdan que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno justificó la aplicación de la prisión provisional y que, una vez en prisión, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplicó a los dos detenidos el régimen de excepción de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Los dos titiriteros abandonaron la prisión el 10 de febrero.
Las organizaciones que han firmado el escrito son la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), IRÍDIA-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Rights International Spain (RIS), Behatokia, Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) y Fair Trials.
"La aplicación de la prisión provisional fue injusta y arbitraria, ya que no se puede acordar una medida tan excepcional, sin previamente comprobar la veracidad de los hechos denunciados, el contexto real en el que se desarrolló la obra ni la realidad de los riesgos que se pretenden evitar con la prisión", argumentan estas organizaciones, que añaden que el riesgo de fuga y la reiteración delictiva no tenían validez sin tener en cuenta otras cuestiones como la situación familiar y laboral de los detenidos.
Las entidades, que pidieron la retirada de los cargos, denuncian también ante Naciones Unidas que la ambigüedad de algunos artículos del Código Penal, como los relacionados con el terrorismo, están siendo utilizados para "reprimir derechos como los de libertad de expresión, reunión o manifestación". En este sentido, apuntan que varios organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos han instado al Estado español a que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva.
