MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las inmigrantes clandestinas víctimas en España de explotación sexual tendrán un plazo de 30 días para decidirse a denunciar sin que "en ningún caso" se las pueda expulsar del territorio y recibirán apoyo legal y económico durante su deliberación, según el borrador del Plan Integral contra la Trata de personas que presentó hoy en Madrid la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Aunque aún está por precisar la cuantía económica que percibirán las víctimas durante este "periodo de reflexión" o el modo en que serán protegidas, Aído señaló que el objetivo es que "estén perfectamente atendidas" y que "se sientan con una mayor libertad" para colaborar con la justicia en la persecución de los explotadores.
Aído, que se reunió hoy con representantes de ONG especializadas en la materia para presentar los detalles de la iniciativa, adelantó además que las víctimas podrán recibir asistencia letrada gratuita con intérpretes en su idioma así como medidas especiales de protección tanto para las denunciantes como para sus testigos.
En paralelo, se desarrollarán campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que "generalmente, detrás de una prostituta hay una víctima de explotación". Según las cifras del ministerio, el 90 por ciento de las prostitutas en España son extranjeras y apenas el cinco por ciento dice ejercer voluntariamente. Además, ocho de cada diez de estas mujeres han sido forzadas o víctimas de la trata de personas.
Según explicó, el Plan Integral, en el que comenzó a trabajar el Ejecutivo la pasada Legislatura, se plantea con un horizonte inicial de tres años y el objetivo de que sea aprobado antes de final de 2008 para su "entrada en vigor de forma inmediata". En el texto trabajan once ministerios, cada uno de los cuales elabora una memoria económica en las materias que le competen. La ministra aseguró que "no van a faltar los recursos".
Por otra parte, Aído aclaró que el plan "no contempla ninguna medida específica" sobre la presencia de anuncios de prostitución en los distintos medios de comunicación, aunque reconoció que no son de su agrado. "Obviamente, no me gustan los anuncios de prostitución, pero ese es un tema que a tendremos tiempo de hablar en otro momento", apuntó.
Tras recoger las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales, Igualdad transferirá el documento a la Representante Especial de la OSCE contra la trata de personas para explotación sexual y lo remitirá a las distintas comunidades autónomas, para su debate y análisis en la próxima Conferencia Sectorial, cuya fecha aún no ha sido determinada.
