Profesionales nucleares piden al Gobierno que pare una norma que perjudicaría al CSN

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2015 18:12


MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de seguridad nuclear y protección radiológica han solicitado a la vicepresidenta del Gobierno que frene un cambio normativo por el que los puestos de trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tendrían que ser aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, algo que este colectivo considera que va contra la independencia del regulador atómico y que refleja una "falta de confianza" hacia este organismo.

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) explica en una carta a Soraya Sáenz de Santamaría que, según una información de la secretaría general del CSN del pasado 28 de julio, el Consejo de Ministros podría aprobar una enmienda a propuesta del departamento que dirige Cristóbal Montoro por la que se cambiaría el sistema de carrera profesional en este organismo.

Ante esta situación, solicitan al Gobierno que "reconsidere" la aprobación de esta enmienda que "suprimiría avances como la carrera profesional", que es un "estímulo imprescindible" para mantener unas condiciones básicas para el mejor desempeño del puesto de trabajo, tales como la motivación personal y profesional y la productividad de los técnicos.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que ese sistema profesional fue implantado hace doce años por la presidenta María Teresa Esteban Bolea, durante un gobierno del PP, que, de ser cambiado quedaría "cuestionado y condicionado" a la decisión del Ministerio de Hacienda.

PAGAN JUSTOS POR PECADORES

La organización, formada por profesionales del regulador atómico, también entiende que el cambio supone una "falta de confianza institucional" que atribuye a las "recientes actuaciones" de sus superiores que han realizado una gestión personal.

A su juicio, esta gestión ha sido "deficiente y sesgada" porque sus objetivos "parecen más ligados al incremento salarial de personas de confianza, ajenas al conocimiento de seguridad nuclear y protección radiológica, más que a reforzar y consolidad la dedicación, conocimientos y experiencia de un cuerpo técnico de alta cualificación y especialización.

Además, insiste en que la "independencia y profesional" de estos técnicos "garantizan las elevadas cotas de seguridad nuclear que exige la sociedad española".

La misiva, firmada en nombre de ASTECSN por su vicepresidente, Rodolfo Isasia --un técnico que lleva más de 20 años en el CSN y que ha sido cesado la semana pasada de su cargo por el Pleno--, defiende que "tiene sentido y fundamento jurídico" que el regulador encargado de la seguridad nuclear "goce de la mayor independencia posible" en la administración de su potencial humano y conocimientos".

Asimismo, subraya la importancia de esta independencia para que los técnicos puedan ejercer su responsabilidad y asegurar el éxito en una misión "tan específica y sensible" como la que le encomienda la Ley al CSN.

Por ello, añade que la administración del capital humano, si se realiza de una forma correcta, debería considera que el nivel de especialización necesario no permite el intercambio o apertura a otros empleados públicos, como puede suceder en otros cuerpos de la administración.

"Necesitamos generar mapas de conocimiento, gestión por competencias y evaluaciones de la excelencia de nuestros técnicos profesionales, y mejorar nuestra transparencia e independencia institucional, pilar fundamental para modernizar y mejorar el servicio que damos a la sociedad", reclaman en la carta a Sáenz de Santamaría.

PROPUESTA

La citada propuesta normativa, que ha sido analizada y ya rechazada por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, añade un apartado a la Ley 15/1980 de creación del CSN por el que sin perjuicio de las competencias que le atribuye el estatuto al pleno contará con una relación de puestos de trabajo aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto de personal laboral como de personal funcionario.

En esta relación, por la que ahora el CSN pasaría en parte a depender de Hacienda, constarán los puestos que tendrán que ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, al consistir en funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

Además, el cambio propuesto añade que la determinación y modificación de las retribuciones, tanto del personal directivo como del resto, necesitará de un informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda, en especial en relación con la aprobación del sistema de carrera profesional del personal funcionario y el sistema de evaluación del desempeño del personal al servicio del CSN.

En la memoria de la propuesta normativa se considera como una "oportunidad" aplicar al CSN un "régimen de control en materia retributiva y de gastos de personal similar al de otros organismos y entidades de su misma naturaleza" como por ejemplo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley el regulador atómico, aunque depende den el organigrama del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, está sujeto al control del Parlamento al que rinde cuentas.

EL CSN, TAMBIÉN EN CONTRA DEL CAMBIO

La propuesta ha sido analizada por el Pleno del CSN que, "por razones de urgencia" comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un documento en el que manifiesta las "graves razones de legalidad y de oportunidad que existen en contra de dicha propuesta".

En ese escrito, dirigido a la vicesecretaría general técnica de Industria, el pleno manifestaba su "rotundo rechazo" a la propuesta porque estima que "redundaría en una merma de la independencia y suficiencia" del CSN a la hora de tomar decisiones relativas a los recursos humanos.

Finalmente, advierte al departamento de José Manuel Soria que, de aprobarse, el Reino de España podría incumplir sus obligaciones legales en materia de configuración jurídica como regulador nuclear.

Leer más acerca de: