MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha apoyado, de forma unánime, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El texto votado, pide que estas medidas deben buscar el apoyo para los centros especiales de empleo; garantizar el cumplimiento de los porcentajes de reserva empleo, así como reponer los recursos destinados a las políticas activas de empleo de personas con discapacidad.
El documento final, una transaccional elaborada con las enmiendas de hasta seis partidos políticos al texto inicial del PP, pide también que se priorice la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y facilite el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad que lo tienen limitado.
Del mismo modo, insta al Ejecutivo a promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, dirigir todas las políticas públicas a lograr la inclusión, el desarrollo y la autonomía de todas las personas con discapacidad y dar cobertura efectiva a los derechos reconocidos para este colectivo en la Declaración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 aprobada en seno de Naciones Unidas.
El defensor de la esta propuesta, el diputado 'popular', Ignacio Tremiño, ha aludido en su discurso durante el Pleno a esta convención que España ratificó en 2007, y que, a su juicio, "cambió los conceptos de discapacidad, que no la situaba en la persona, sino en el entorno que no permite al discapacitado desarrollarse".
Del mismo modo, ha destacado los diferentes avances que "todos los Gobiernos" han realizado en los últimos años para avanzar en la integración de las personas con discapacidad, desde la Ley de Integración Social del Minusválido, aprobada en 1982, hasta la Ley del Tercer Sector aprobada el año pasado, pasando por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, de 2013.
Tremiño, ha agradecido durante su intervención las "aportaciones" de los partidos y les ha pedido que no vean en él a un "adversario político", sino como una persona que lleva más de 25 años trabajando por los derechos de las personas que sufren discriminación en sus derechos por este motivo.
UNA PROPUESTA "HUECA"
La totalidad de los partidos ha agradecido al PP su iniciativa y a Tremiño su vocación de diálogo. Sin embargo, PSOE, Podemos y Ciudadanos han criticado que la propuesta 'popular' fuera "poco ambiciosa", "hueca" y no hablara de "objetivos concretos".
Así, el diputado socialista, Joan Ruiz, ha criticado la "falta de ideas" del texto original y se ha preguntado si la iniciativa presentada responde únicamente a la necesidad de "salir del paso" porque al PP le tocaba presentar una proposición y ha decidido debatir sobre esta materia "que no compromete al Gobierno para nada" y con la que puede "gastar cupo sin molestar".
Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Nagua Alba, ha hablado de 'tokenismo' o "práctica de hace un gesto superficial para la inclusión de una minoría" cuando "en la práctica no se ha hecho nada". A su juicio, la propuesta "cubría el expediente" para decirle al colectivo de personas con discapacidad que "no se olvidan de ellos" y ha mostrado su "miedo a que sea un trámite".
RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUMPLIR
Alba también ha reivindicado la necesidad de poner recursos económicos para que las reivindicaciones de inclusión puedan materializarse. Del mismo modo, se ha expresado el diputado de Ciudadanos, Diego Clemente, que ha recordado en su intervención "los 2.000 millones de euros recortados en ayudas a la dependencia".
"Los recursos deben volver a niveles, al menos, anteriores a 2012", ha señalado el diputado de la formación naranja. Del mismo modo, ha señalado la necesidad de promover un Pacto de Estado por los servicios sociales entre los partidos presentes en la Cámara Baja.
También la representante de Esquerra Republicana (ERC), Ester Capella, ha denunciado los recortes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años y que, según ha denunciado, "afectaron de lleno a las políticas activas en materia de discapacidad". En este sentido, ha criticado que España está "muy lejos de la inclusión plena".
