MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Profesionales por la Ética ha avisado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de que va a mantener las 400 demandas presentadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, a pesar de los cambios en el currículo para el curso que viene, porque "sigue siendo una moral de Estado obligatoria".
Así lo ha indicado el presidente de esta entidad, Jaime Urcelay, en una rueda de prensa en la que ha denunciado que el proyecto de real decreto por el que se modifican los contenidos de Educación para la Ciudadanía también "pretende formar la conciencia de los alumnos, propone modificar y evaluar los comportamientos, impone criterios morales controvertidos y conculca el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos".
A juicio de Profesionales por la Ética, el Gobierno del PP ha incumplido su promesa electoral respecto a la asignatura, que, según ha dicho, "se consolida como un elemento de disputa ideológica de los distintos partidos en la escuela", algo "inadmisible e incompatible con el articulo 27 de la Constitución Española --derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones--".
Asimismo, ha indicado que existen otras alternativas para el desarrollo de la educación cívica y constitucional, "perfectamente alineadas en las recomendaciones europeas y respetuosas con la conciencia". Además, ha advertido de que con la situación actual de fracaso y abandono escolar y la necesidad de reforzar asignaturas instrumentales como Matemáticas y Lengua, Educación para la Ciudadanía "sobra y genera mas problemas de los que pretende solucionar".
Entre los asuntos "controvertidos", que según esta plataforma mantiene el Gobierno en su proyecto normativo, el coordinador del informe 'la nueva EpC del PP', Mariano Bailly-Baillière, ha destacado que "se pretende que el alumno comprenda el valor de la vida humana, como si este aspecto fuera un punto de acuerdo social".
También ha criticado que se incluyan contenidos específicos relativos a la convivencia, participación social, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia. "Hasta que punto es legal obligar a un menor a manifestar opiniones tales como los juicios morales?", ha cuestionado Bailly-Baillière.
