MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las declaraciones sobre el cierre del espacio aéreo el 3 diciembre de 2010 se han reanudado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 bis de Madrid, con la declaración como testigo, a instancia de Navegación Aérea, de uno de los controladores, quien ha reiterado que todo lo acontecido aquellos días fue "evitable y responsabilidad de AENA".
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), sindicato que agrupa al 92% del colectivo, presentó el pasado 12 de diciembre ante dicho juzgado un escrito de alegaciones en el que insistía ya en que el cierre del espacio aéreo en 2010 fue precisamente "una decisión evitable" y "únicamente imputable a decisiones voluntarias de los responsables de AENA".
El abogado que está asesorando a USCA, José Antonio Choclán, explicó a Europa Press que la acusación tenía expectativas de que la declaración de este miércoles le resultara favorable, pues se anunciaba que el testigo iba a identificar a "cabecillas e instigadores".
"Entendieron que esas personas eran del ámbito de los controladores, pero se refería al personal de AENA y a sus directivos", apostilló, antes de explicar que el testigo ya envió al colectivo en un correo animando a sus compañeros a decir que hicieran como él y dijeran quienes eran los instigadores, es decir el ex ministro de Fomento, Pepe Blanco, y la ex directora de Navegación Aérea, Carmen Librero.
Por todo ello, Choclán resaltó que a su juicio la relevancia de este testigo es "limitada", pues desde Navegación Aérea se pensaba que iba a tener una influencia "inversa". "Pero ha acreditado que la sensación de los controladores en aquel momento era que el cierre era evitable y que fue una medida no comprendida decidida por AENA", insistió.
Recientemente, los tribunales de lo Social han anulado nueve sanciones aplicadas por AENA a controladores del centro de control de Santiago de Compostela.
Según el escrito, los hechos acaecidos el 3 y 4 de diciembre de 2010 ponen de manifiesto que "en la conducta de los controladores no hubo comportamiento alguno de abandono, ni físico ni funcional, ni individual ni colectivo".
En esta línea, en sus alegaciones el abogado de USCA asegura que "no existió abandono que pueda reputarse como manifiestamente ilegal" y que la presentación del formulario de disminución de la capacidad psico-física era un "comportamiento debido en cumplimiento de un deber legal "inexcusable".
También que "el perjuicio del servicio público aéreo y el correspondiente daño a la comunidad" provocado por el cierre aéreo es "atribuible objetivamente a los directivos de AENA que adoptaron autónoma y voluntariamente la decisión del cierre-patronal del espacio aéreo".
DILIGENCIAS PRESENTADAS.
Choclán explicó que acaban de presentar el escrito de alegaciones, en el que se solicita la práctica de una serie de diligencias. A partir de ahí, en los próximos meses se tiene que dar curso a la petición de la defensa, algo que consideró "relevante" para el proceso. "Seguimos en la instrucción, que para eso está, para profundizar", sentenció.
Por todo ello, el abogado de USCA entiende que "no se da ninguno de los presupuestos típicos del referido tipo penal, ni de ningún otro, circunstancia que permitirá solicitar, de modo fundado y razonable, el sobreseimiento libre cuando concluyan las diligencias de la instrucción".
Entre las diligencias presentadas, USCA ha presentado un informe pericial técnico, un vídeo para determinar la cronología de los hechos, una representación infográfica sobre el incidente ocurrido el pasado 3 de diciembre entre un avión de Iberia y un helicóptero, notificaciones de sucesos e incidentes de seguridad y dictamen médico pericial.
El 3 de diciembre de 2010, sobre las 18.00 horas de la tarde, AENA comunicaba el cierre del espacio aéreo de Madrid y los aeropuertos de Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca, ante las "bajas masivas" presentadas por los controladores aéreos en varias dependencias declarándose así "incapaces de prestar" el servicio y "abandonando su puesto de trabajo".
Ese mismo día, en el Consejo de Ministros, el Gobierno ratificaba un Real Decreto por el que modificaba las condiciones laborales del colectivo y establecía en 1.670 el máximo de horas de su jornada laboral. Ante el 'caos aéreo', Defensa asumió el control del espacio aéreo y se decretó el estado de alarma.
