Almería.-El jefe de Policía de Andalucía Oriental no cree que la sanción al inspector condenado derive en expulsión

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental, Pedro Luis Mélida, informó hoy de la reapertura del expediente disciplinario incoado al E.M.A., el inspector jefe sobre el que pesa una condena de diez meses de prisión por intento de extorsión a una mujer a la que debía proteger en virtud de una orden cautelar de alejamiento dictada contra su marido pese a que afirmó que, en su opinión, no derivará en su expulsión del cuerpo.

En declaraciones a los periodistas durante la primera visita cursada a la provincia, Mélida recordó que el agente, de 54 años, se encontraba adscrito en segunda actividad a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de Víctimas de Violencia de Género, por lo que aunque se encuentra sometido al "mismo régimen sancionador" que el resto de efectivos, dadas las circunstancias, el caso no acarrearía la citada baja por su conducta reprochable.

Al hilo de esto, subrayó la actuación del Cuerpo Nacional de Policía que, a su juicio, fue "ejemplar" al ordenar la "inmediata" suspensión de su destino dentro del programa de protección de una manera "rápida y eficaz" y a las 24 horas de que la víctima, M.A.R.L., interpusiera denuncia contra el procesado.

El fallo de la Audiencia Provincial, con fecha de 8 de octubre, considera probado que E.M.A. se prevalió "de forma torticera" de su cargo como funcionario público y de la relación personal entablada con la víctima durante el tiempo que duró el servicio para pedirle prestadas diversas cantidades de dinero de escasa cuantía, que ella le concedió de manera voluntaria hasta un total de 2.500 euros.

Cuando la orden cautelar de alejamiento cesó después de que el marido fuese absuelto en un juicio de faltas, no comunicó este cambio de circunstancias a la mujer y mantuvo la relación hasta que a finales de 2005 se enteró de que se disponía a vender una vivienda de su propiedad, por lo que aprovechó para pedirle otros 18.000 euros que, según le argumentó, necesitaba para pagar una deuda contraída en Vigo, su ciudad natal.

Cuando, en esta ocasión, M.A.R.L. se negó, el agente insistió en varias ocasiones durante las cuales le amenazó con prestar declaración en su contra durante el proceso civil de divorcio y custodia de los hijos. En concreto, según recoge la sentencia, le aseguró de forma "coercitiva" que la decisión que el juez adoptase al respecto "dependía" de su informe, pese a lo que la mujer mantuvo su negativa y decidió interponer denuncia.