Almería.-Tribunales.-La acusación pide 24 años de prisión para el funcionario de Sorbas acusado de estafar a inmigrantes

ALMERIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Javier Montoya, solicita en su escrito de acusación una pena de 24 años de prisión para el funcionario del Ayuntamiento de Sorbas (Almería) identificado como J.D.M.G. acusado de un supuesto delito de falsificación de certificados de empadronamiento a inmigrantes durante el proceso de normalización desarrollado el año pasado.

En declaraciones a Europa Press, el abogado explicó que considera a J.D.M.G. presunto autor de un delito continuado de estafa, un delito continuado falsedad documental en documento público, un delito continuado de cohecho, un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y otro de asociación ilícita.

La acusación sostiene que J.D.M.G. y cuatro individuos de nacionalidad marroquí --I.D., A.O., A.O. y M.A., de los que uno está en busca y captura-- formaban parte de una asociación ilícita, cuyo cerebro era el trabajador municipal, quien, "aprovechándose de su condición de funcionario del Ayuntamiento de Sorbas, falsificó entre el 7 de febrero y el 7 de mayo un total de 568 certificados de empadronamiento, así como 148 de convivencia en las pedanías de Los Loberos y El Campico".

Tres de los cuatro marroquíes ejercían como intermediarios y el cuarto actuaba como conductor que trasladaba a los inmigrante a Sorbas. Los certificados eran vendidos a los inmigrantes por 1.200 euros cada uno, embolsándose J.D.M.G. 400 euros y el resto era repartido entre sus colaboradores.

El trabajador municipal se benefició supuestamente de 286.400 euros, repartiéndose los intermediarios y el chófer unos 572.800 euros.

El acusado falsificaba la firma del alcalde, el popular José Fernández, así como las rúbricas de otros compañeros del Consistorio que habían sido secretarios accidentales para elaborar los certificados. Asimismo, parte de los inmigrantes eran atendidos personalmente por él en el mostrador de la administración.

Los otros presuntos cómplices eran los encargados de captar a los inmigrantes que necesitaban el documento con fecha de inscripción anterior al 8 de agosto de 2004, requisito para poder acceder a la normalización y obtener el permiso de residencia.

Los inmigrantes siempre hacían los pagos por adelantado, algunos de ellos recogían los certificados en distintos puntos de la provincia de manos de los intermediarios y otros, los más desconfiados, preferían ir al Ayuntamiento, donde el funcionario se los entregaba.

El abogado pide, además, en su escrito, el pago de 286.400 euros por parte del principal acusado que se encuentra en libertad provisional tras permanecer unos cuatro meses en prisión. Esa cantidad corresponde a los 400 euros que supuestamente cobraba por cada uno de los 716 perjudicados.

Para los cuatro marroquíes solicita una pena de once años de prisión para cada uno de ellos como presuntos autores de un delito continuado de estafa; un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de asociación ilícita, así como una responsabilidad civil solidaria de 572.800 euros.

La acusación particular, que indicó que la fase de instrucción ya ha finalizado, dijo que ha propuesto como prueba la testifical del alcalde de Sorbas y de otros trabajadores del Consistorio.