ALMERÍA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Amigos de La Alcazaba de Almería se ha felicitado este martes por la denuncia de la Fiscalía para investigar si los 20 agujeros que se realizaron en uno de los muros del Patio de Armas del tercer recinto del conjunto monumental por parte de la empresa Stand son susceptibles de un delito de contra el patrimonio histórico. "Creemos que será un paso importante en pro de la dignificación de nuestra Alcazaba", han valorado.
La asociación se ha pronunciado así a través de su portal web, donde recuerdan que elevaron un escrito ante la fiscalía el pasado 18 de agosto al tiempo que criticaban la gestión de la Delegación de Cultura de Almería y su versión de los hechos, en la que "minimizaba los daños" para evitar que las perforaciones fueran consideradas "delito" de acuerdo con la Ley de Patrimonio al asegurar que la restauración había supuesto un coste de 150 euros.
"Siempre hemos considerado que estos hechos son muy graves" porque "representa una muestra del trato que la Junta da a nuestro monumento", han manifestado desde la entidad, donde también tildan de "graves" las "mentiras" del delegado territorial de Cultura, Alfredo Valdivia, "en toda esta gestión".
A juicio de la asociación, el delegado "ha utilizado a la institución a la que está obligada a servir, como está obligado a defender el patrimonio de los almerienses", por lo que ha vuelto a reclamar su cese.
La organización ha indicado que aún espera respuesta del Defensor del Pueblo, al que también se trasladaron los hechos. El asunto también fue puesto en conocimiento de los grupos con representación en el Parlamento andaluz. "Estamos esperando que el Ayuntamiento de Almería también se pronuncie y demuestre que está del lado de La Alcazaba", han añadido.
La denuncia interpuesta la pasada semana ante los juzgados de Almería interesa la incoación del oportuno procedimiento penal para comprobar los hechos narrados por los denunciantes y la Junta y, a su vez, la práctica de diligencias encaminadas a identificar a los responsables de la empresa de andamios y a evaluar los daños y el coste de reparación que tuvieron.
En concreto, la fiscalía solicita entre sus diligencias encaminadas a comprobar los hechos la identificación de los administradores de la empresa de andamios así como su declaración en calidad de investigados ante la posible comisión de un presunto delito contra el patrimonio.
De manera paralela, también pide que se libre oficio a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para que designe a un técnico que elabore un informe sobre los daños causados al BIC y que se proceda a la valoración del importe de los daños así como el coste de su reparación.
El fiscal apunta en su denuncia que los perjuicios ocasionados al principal monumento de la capital podrían ser constitutivos podrían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio histórico "bien en su modalidad dolosa", según el artículo 332 del Código Penal, "o cuanto menos, en su modalidad de imprudente", a partir del artículo 334 del Código Penal, que estiman penas de prisión de seis meses a dos años.
