CCOO y UGT protestan por el "colapso" del sistema de dependencia en Almería y exigen más plazas residenciales

Pensionistas y jubilados de CCOO y UGT se concentran ante la Delegación de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Almería.

- CCOO

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de pensionistas y jubilados de CCOO y UGT Almería se han concentrado este viernes a las puertas de la Delegación de Inclusión Social de la Junta de Andalucía para criticar el "colapso" del sistema de dependencia en la provincia, con demoras que superan los "500 días", y para exigir más plazas residenciales y la reforma "urgente" de centros de participación activa como el de Cabo de Gata.

Según han reprochado los representantes de ambos sindicatos durante la protesta, "la realidad administrativa en Almería está asfixiando a los solicitantes", ya que mientras la ley establece un máximo de 180 días, seis meses, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, "la demora real se sitúa actualmente en 534 días".

"Este retraso injustificado supone prácticamente triplicar el tiempo legal, dejando a miles de personas en un limbo burocrático sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde", han señalado ambos sindicatos a través de un comunicado.

La falta de plazas en las residencias de mayores ha sido otro de los ejes centrales de la reivindicación de UGT y CCOO, que han alertado de que la oferta pública resulta "claramente insuficiente para cubrir la demanda existente en la provincia, lo que obliga a muchas familias a asumir cuidados profesionales sin apoyo o a esperar plazas que, en muchos casos, llegan demasiado tarde".

Además, los sindicatos de pensionistas han señalado el estado crítico de los Centros de Participación Activa (CPA), "herramientas fundamentales para combatir la soledad no deseada", y han puesto como ejemplo el centro situado en la Avenida Cabo de Gata, un edificio con casi un siglo de antigüedad que, a juicio de las organizaciones, "está obsoleto y no reúne las condiciones mínimas" para la labor social que debe desempeñar, por lo que requiere una "intervención inmediata" por parte de la administración autonómica.