Actualizado: martes, 24 octubre 2017 3:55


ALMERÍA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería inicia este martes la ronda de declaraciones de los cuatro investigados en el marco de la causa incoada para determinar si se incurrió en un delito contra el patrimonio cuando la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, acometió obras de desmonte en la N-340 a su paso por la barriada de El Chuche, en el término municipal de Benahadux, lo que habría afectado a un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y con vestigios de más de 5.000 años de antigüedad.

La jueza Ana Belén Vico ha fijado para este martes, a las 10,00 y a las 11,00 horas, las comparecencia de un técnico de la Demarcación de Carreteras en Almería y del jefe de Conservación y Explotación de Carreteras de una de las UTE que intervinieron en las obras, respectivamente.

Para el miércoles están citados los dos otros investigados, también como responsables de mercantiles que ejecutaron los trabajos en esta zona con el fin de "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño", tal y como informó en su momento el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al PSOE.

Fue la asociación 'Amigos de la Alcazaba' la que puso los hechos, acaecidos el pasado mes de febrero, en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos supusieron "el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados" de terreno, y la "invasión de prácticamente los 1.000 metros cuadrados" en los que se localiza este yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche.

En concreto, los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco' y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería, de acuerdo a los datos aportados por 'Amigos de la Alcazaba', que ha anunciado que va a solicitar al juzgado la personación como acusación popular para defender la legalidad y la conservación del patrimonio histórico en la provincia de Almería.

YACIMIENTO CUYA EXISTENCIA "DESCONOCÍA"

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno aseguró que "desconocía la existencia" de este yacimiento arqueológico y que actuó en esta zona para "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño" al tiempo que precisó que los operarios apreciaron en la rotonda junto al Polígono San Salvador "todo tipo de vertidos ilegales, tales como neumáticos usados, restos de hormigón, escombros y otras basuras".

"Con el objetivo de mejorar el entorno de la carretera se consideró conveniente acopiar parte de las tierras procedentes de la excavación sobre el referido tramo residual de carretera que tiene la consideración de terrenos de dominio público", añadió para detallar que se procedió al extendido de las mismas, dándole un pequeño talud hacia la carretera y apoyándose sobre el citado yacimiento sin que se haya producido ningún tipo de daño en el yacimiento arqueológico".

FALTA GRAVE

Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura, incoó un expediente sancionador al Ministerio de Fomento por una supuesta "falta grave", tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización "obligatoria" para realizar la obra.

El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno "ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados", de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual "se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa".

No obstante, el texto apuntaba que "no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno" por lo que "para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona".

Al tiempo, la Dirección General de Carreteras informó de que prepara un proyecto de intervención arqueológica en el área afectada por el movimiento de tierras ante la posibilidad de que los trabajos pudieran haber afectado al yacimiento con declaración de BIC desde 1999.

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