Fianza de 3.000 euros a Ecologistas para ser parte en investigación de prevaricación en Algarrobico

ALMERÍA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera (Almería) ha interesado una fianza de 3.000 a la organización Ecologistas en Acción para continuar personados, en este caso como acusación popular, en el procedimiento abierto por presunta prevaricación en el paraje de El Algarrobico contra el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar) y el anterior gobierno municipal liderado por el socialista Cristóbal Fernández.

La resolución, adoptada el 30 de julio, llega después de que la jueza instructora de la causa, en una providencia anterior a la que ha tenido acceso Europa Press, acordase rectificar por un "error material" una providencia dictada en marzo, en la que sí se daba por personada como parte a la organización conservacionista.

La providencia, por la que la letrada de Ecologistas en Acción-Andalucía Ana Sanchís no podrá estar presente durante las declaraciones en sede judicial este martes de Cristóbal Fernández y el resto de ediles de su gobierno como imputados, señala que el escrito que se presentó para la personación "carece de firma de letrado" y sostiene que, por tanto, no se puede dar por personada como parte a la organización.

Tras la subsanación del "error material" por parte del colectivo, el juzgado, mediante una nueva providencia firmada por el secretario judicial, fija que Ecologistas en Acción tiene que hacer frente a una caución de 3.000 euros para que se le tenga por personada como acusación popular.

Cabe recordar que el fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra el actual alcalde, Salvador Hernández, a raíz de la querella presentada por este colectivo, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico al no cambiar que la calificación de urbanizable dada al sector ST-1 en la normativa urbanística del municipio .

Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

Tras tomar declaración en calidad de imputado al actual alcalde y solicitar documentación al Ayuntamiento y al TSJa, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera resolvió llamara declarar al exregidor Cristóbal Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE).

Los siete nuevos imputados, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno, apoyaron una adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que se mantenía la categoría de urbanizable para el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata del Sol, una parcela que a día de hoy sigue siendo urbanizable. Se da la circunstancia de que Hernández, entonces en la oposición, voto en contra.

El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor para el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el TSJA resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

El anterior equipo de gobierno está citado a declarar a partir de la 09,30 horas. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.

Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.