El Gobierno valora los avances para restituir la legalidad en el Algarrobico y llegar a su "demolición"

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) que valida la propuesta del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) encaminada a declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel del paraje de El Algarrobico y, de este modo, abrir la puerta a la "demolición" del inmueble.

A preguntas de los medios, Fernández ha recordado que la restitución de la legalidad urbanística en el pareja enclavado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar pasa por el cumplimiento de las sentencias judiciales que aboca al establecimiento a su desaparición.

"No es política sino que es una decisión judicial, es un mandato judicial", ha insistido el representante del Ejecutivo, quien no obstante ha defendido el papel del Gobierno para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre dado que parte del establecimiento invade la zona de servidumbre conforme a la Ley de Costas.

Así, ha mostrado su voluntad de "avanzar para la recuperación" de la parte del inmueble que se sitúa sobre los terrenos del Estado, para lo que hace más de un año se inició un proceso de expropiación forzosa cuyo justiprecio se encuentra pendiente de ser fijado por el tribunal provincial de expropiación tras los recursos interpuestos por la promotora Azata del Sol.

Fue el 12 de febrero de 2025 cuando el Gobierno central anunció que emprendía una vía unilateral destinada a hacerse mediante expropiación con los suelos del hotel, en concreto, con casi la mitad de ellos, ya que es la parte sobre la que ostenta competencias al situarse en los cien metros desde la línea litoral.

Aunque esta expropiación parcial fue vista como la vía más rápida para recuperar el paraje, ya que los primeros cálculos destinaban cinco meses a culminar el proceso, este se ha trabado y ha acabado también en los tribunales.

Si bien el TSJA rechazó las medidas cautelares solicitadas por Azata para frenar el proceso de expropiación forzosa, la cuestión de fondo se mantiene abierta mientras la Sala recaba expedientes antes de decidir sobre la validez del procedimiento.

Mientras, el jurado provincial de expropiación tiene pendiente abordar y determinar la cantidad con la compensar los terrenos ante el abismo económico que separa al Ministerio para la Transición Ecológica, que ofreció a la empresa 16.500 euros, y a la propia Azata, que reclamó 44,5 millones de euros por los suelos.

El Gobierno, que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se sume a este procedimiento en reiteradas ocasiones, espera poder hacerse con la parte afectada por servidumbre de protección, que estima en unos 16.432 metros cuadrados, siendo la superficie total que ocupa el hotel, según catastro, de 32.654 metros cuadrados.

La otra mitad del hotel se asienta en suelos protegidos, ya declarados como no urbanizables, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sobre los que la Junta de Andalucía tiene competencias y sobre los que, en su caso, no se ha iniciado ningún procedimiento, si bien la Administración andaluza ya tanteó su derecho de retracto años atrás.