ALMERÍA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso 'Poniente' ha ordenado la intervención y retención de los créditos concedidos para satisfacer las facturas de ocho de las sociedades implicadas en la presunta trama de corrupción política y empresarial que se investiga y que están incluidas en el plan de pago a proveedores presentado por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
En esta línea, ha acordado, con la anuencia del Ministerio Fiscal, librar oficio a las entidades bancarias y a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, órgano que depende del Ministerio de Economía, para informarles de la adopción de la medida.
El montante global de las facturas a las que afecta la medida cautelar, reconocidas por el anterior equipo de gobierno y por su exalcalde Juan Enciso, imputado en la causa, y que forman parte, por tanto, de la contabilidad municipal ascendería, según el cálculo efectuado por el Consistorio, a más de 95 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que la corporación local aprobó hace dos semanas una operación de crédito por valor de 115 millones de euros para acogerse al Real Decreto 4/2012 y hacer frente al pago de facturas pendientes del propio Consistorio, Radio Ejido, la residencia geriátrica y la empresa municipal de desarrollos urbanísticos de El Ejido (DUE) acumuladas entre los años 2006 y 2011.
El auto dictado por el juez Jesús Miguel Columna, al que tuvo acceso Europa Press, atiende la solicitud efectuada por el letrado del Ayuntamiento ejidense que elevó un escrito para que se retuviese el pago de las facturas adeudada a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada en el sumario como pieza clave y "eje" de la presunta trama, así como a las mercantiles con las que subcontrataba y que eran administradas por los principales imputados en la causa. para justificar la petición, aludía a la dificultad de determinar la lesividad de las facturas de forma individual.
Las empresas a las que afecta la medida cautelar acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería son, además de Elsur --con una deuda contabilizada por ellos y a la espera de que se confirme judicialmente de 81 millones de euros--, sus subcontratas Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos y las concesionarias municipales Contenedores Lirola, Hermanos Lirola, Lobelia Gestión y Clabert Gestión.
El sumario, cuyo contenido mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor e investiga la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprende hasta el momento que las sociedades de los principales implicados facturaron de Elsur con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.
Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur y extiende la investigación a una presunta trama de corrupción urbanística en torno a Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE).
El juez justifica la adopción de la medida cautelar en los "indicios de criminalidad existentes en la conducta de los investigados", en alusión a los administradores de las sociedades, lo que, según subraya, hace "necesaria" la adopción de la medida cautelar "a fin de obtener datos concretos sobre el lucro económico obtenido mediante las actividades delictivas presuntamente llevadas a cabo por los imputados en esta causa".
La anterior instructora de la causa ya ordenó en octubre de 2009, coincidiendo con el día en el que explotó la operación 'Poniente', el "inmediato bloqueo y embargo preventivo" de los saldos de las cuentas bancarias de los principales implicados en la investigación y de sus empresas, así como de todos los productos financieros relacionados con las citadas cuentas al tiempo que disponía el seguimiento policial de todos los movimientos en ellas registrados.
