ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta en Almería, Miguel Ángel Tortosa, ha asegurado que se ha ofrecido "facilidades" a los empresarios del mármol de Macael para poner los avales bancarios que se les requiere para garantizar la regeneración de las canteras que explotan, de forma que esta "no es una exigencia de hoy para mañana".
En rueda de prensa, Tortosa ha defendido nuevamente la postura de la Delegación Territorial de solicitar dichos avales ante el último informe del departamento de Minas de Almería para garantizar las coberturas económicas necesarias de cara a la recuperación de la Sierra de Macael; un aspecto que mantiene en trámite más de 80 expedientes administrativos y que la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha criticado duramente al entender que se pone en jaque al sector.
El delegado ha incidido en que se han mantenido conversaciones con los empresarios afectados por esta medida, adoptada en cumplimiento de un Real Decreto de 2009, para que, en función de las distintas circunstancias, tuvieran opción "a poner el importe que pudiesen, se dieran aplazamientos" y en definitiva, poder "negociar con ellos en todo momento".
Tortosa ha manifestado que tras la última reunión mantenida con los empresarios hace una semana, estos le trasladaron su intención de interponer un recurso de alzada en caso de que la resolución dictada por el órgano provincial fuera contraria a sus intereses, de forma que el plazo de alegaciones concluye el próximo lunes. "Es un trámite administrativo que está vivo", ha dicho el delegado, quien no comparte las protestas por la entidad dada la fase en la que se encuentran los expedientes.
"Ahora lo que toca es resolver, estamos haciendo de videntes", ha dicho Tortosa, quien ha recordado que si incluso los empresarios, que defienden la validez de una Instrucción dictada por la Consejería en 2015 por la que se permite la aportación económica de cuantías garantistas por volumen de material retirado, podrían ir a la vía contencioso-administrativa ante un tribunal.
Con ello, ha insistido en que la Delegación tendrá que estudiar todas las alegaciones, ya que cada uno de los afectados "las hace en sentido distinto" y argumentar mediante un razonamiento jurídico y técnico "si se les da la razón o no".
En cualquier caso, Tortosa ha reiterado que solo hay una decena de casos en los que se pide un aval por encima de los 300.000 euros mientras que el grueso --unas 26-- se sitúan en avales por cantidades que oscilan entre los 10.000 y 30.000 euros. No obstante, y ante las distintas cantidades, ha recordado también que un aspecto a estudiar para cada empresa es su volumen de facturación, por lo que se les reclamó para la justificación del aval la presentación de su impuesto de sociedades, lo que, según Tortosa, no han remitido en ningún caso.
