ALMERÍA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía participará en una jornada técnica que tendrá lugar el próximo 28 de octubre en la sede del Colegio de Abogados de Almería para abordar la regularización de las viviendas alegales promovida por el Gobierno andaluz.
Fuentes socialistas han explicado que a esta reunión acudirá la secretaria general de Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, según ha trascendido tras la reunión mantenida por parlamentario del PSOE y representantes de los afectados con la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en el Parlamento de Andalucía.
Los representantes del colectivo de extranjeros han valorado el anteproyecto de ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno, que permitirá regularizar "una parte muy importante de las viviendas de este tipo construidas en la provincia", según ha destacado el PSOE en una nota.
El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que la medida aprobada por la Junta permitirá "dar solución a un problema histórico en nuestra provincia y que suponía un quebranto social y legal de primer orden". "De esta manera, el Gobierno andaluz vuelve a demostrar que las personas se sitúan en la acción prioritaria de la agenda política de Susana Díaz", ha añadido.
A la reunión han asistido, además de Sánchez Teruel, los parlamentarios del PSOE de Almería Adela Segura y Fuensanta Coves, junto a la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, Gerardo Vázquez, asesor legal de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y Maura Hillen en representación de las asociaciones AUAN y la malagueña Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (SOHA).
También se ha informado al colectivo de la oportunidad que va a tener de aportar sus propuestas para mejorar la norma durante su trámite en el Parlamento, ya sea directamente o a través de los distintos grupos parlamentarios.
Asimismo, se ha valorado por parte de los asistentes la modificación del Código Penal planteada por el colectivo para que las viviendas adquiridas por terceros de buena fe que deban ser demolidas como consecuencia de una sentencia penal no se echen abajo.
