Piden 22 años de prisión al acusado de matar a un ciudadano francés desaparecido en Vera (Almería) en 2023

Archivo - El sospechoso del crimen de un ciudadano francés en Vera (Almería).
Archivo - El sospechoso del crimen de un ciudadano francés en Vera (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 17:29

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 22 años de prisión para A.E.M., el hombre acusado de haber matado y hecho desaparecer el cuerpo de un ciudadano francés de 79 años de edad tras haber acudido a su residencia de Vera (Almería) en la noche del 23 de agosto 2023, donde además se habría hecho con algunas tarjetas bancarias que posteriormente habría empleado para sacar dinero.

En su escrito de acusación particular, consultado por Europa Press, el fiscal achaca al investigado los delitos de homicidio, robo con violencia, delito de estafa continuado y uno más contra la integridad moral al no haberse dado con el paradero del cadáver tras más de dos años y medio.

La acusación apunta que el acusado, que será juzgado por un tribunal de jurado el próximo 22 de abril, acabó con la vida de la víctima de forma "consciente" y "voluntaria" la noche en la que se hallaba en el domicilio del francés con el que tenía "algún tipo de amistad" y al que "debía 2.000 euros".

Si bien se desconoce el modo en el que pudo matarlo, la Fiscalía sostiene que el acusado actuó de esta manera para "alcanzar un beneficio indebido" a fin de no tener que abonar su deuda y poder conseguir dinero con los objetos personales de la víctima, quien vivía solo en su domicilio de Vera durante las temporadas en las que se afincaba en España.

En este sentido, el Ministerio Público incide en que el acusado se llevó dos teléfonos móviles valorados en casi 150 euros además de dos llaves de la vivienda, una riñonera con documentación personal --pasaporte y carta de identidad francesa-- unas gafas graduadas y dos tarjetas bancarias.

Consta asimismo en actuaciones que, al día siguiente, el acusado acudió a una ferretería donde compró un pico, una pala y dos juegos de guantes de poliéster, de modo que tras dicha adquisición habría hecho desaparecer el cuerpo del anciano, que habría sido enterrado en algún lugar que aún no ha podido ser localizado.

EXTRACCIONES BANCARIAS

Las cuentas bancarias de la víctima registraron movimientos en los días posteriores al crimen. En concreto, entre las 6,43 horas del 29 de agosto y las 6,35 horas del 7 de septiembre se anotaron dos movimientos de 600 euros en un cajero de Vera para los que el acusado habría hecho uso de una de las tarjetas de la víctima.

Del mismo modo, con la segunda de las tarjetas también se contabilizaron hasta nueve reintegros en entidades bancarias de Pulpí, Los Gallardos y Garrucha por un montante total de 4.800 euros, con extractos de entre 100 y 600 euros. Dichos movimientos, según la Fiscalía, también los habría protagonizado el acusado.

El investigado permanece en libertad con cargos y la obligación de comparecer quincenalmente ante un juez desde el pasado mes de diciembre tras haber depositado una fianza de 10.000 euros cuando se cumplían dos años de su estancia en prisión preventiva.

El juicio, que contará con cuatro jornadas conforme al calendario previsto, no podrá usar como prueba el registro voluntario que la Guardia Civil realizó en la vivienda del acusado después de que el TSJA anulara esta diligencia al apreciar "irregularidades" en cómo se prestó el consentimiento del único investigado por este caso.

El arresto del sospechoso tuvo lugar en septiembre de 2023 a través de la operación 'Lingüa', por la que la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor de un delito de homicidio y otro de robo con violencia e intimidación ante la desaparición de la víctima, cuyo cuerpo no ha aparecido aún.

Los hechos fueron denunciados el 8 de septiembre de 2023 después de que el hijo de la víctima llevara varios días sin saber nada de él. En este sentido, la última noticia que se tenía del desaparecido fue en la noche del 23 de agosto, la misma en la que el único sospechoso del crimen acudió al domicilio de la víctima.

El individuo fue detenido por los agentes cuatro días después de la denuncia basándose en sus averiguaciones, ya que el arrestado, con el "rostro cubierto", habría efectuado diversos reintegros de dinero en cajeros de la zona con la tarjeta de crédito de la víctima.

Los agentes llevaron a cabo el registro del domicilio del sospechoso, donde se localizaron varios objetos personales de la víctima, por lo que fue detenido. Este es, precisamente, el registro que ha quedó anulado por el TSJA.

La Guardia Civil relacionó al sospechoso de "forma directa" con la desaparición de la víctima en el marco de una investigación con la que obtuvo "fuertes evidencias", entre ellas pruebas de ADN y una "exhaustiva reconstrucción de los hechos".

UN VIAJE NO REALIZADO

Fue el propio hijo de la víctima quien alertó de la desaparición de su padre puesto que llevaba una semana sin saber nada de él, toda vez que el hombre no había realizado un viaje que tenía planificado a Francia.

Los agentes iniciaron la investigación con la recopilación de todos los datos del entorno cercano al desaparecido y de su rutina diaria, así como de los planes previstos para el día de su desaparición.

Así, pudieron verificar que la víctima no llegó a emprender el viaje previsto y que sus comunicaciones se cortaron de forma "repentina" estando en su domicilio unos días antes de la denuncia de la desaparición.

Fue entre el día del corte de las comunicaciones y el día de la denuncia cuando los agentes comprobaron que se habían producido movimientos bancarios con la tarjeta del desaparecido por parte de un hombre con el rostro cubierto.

Esto llevó a los agentes a determinar que la tarde-noche en la que se produjo el corte de las comunicaciones de la víctima tuvo lugar un "hecho violento en su domicilio", donde el detenido presuntamente "acabó con su vida" y al día siguiente "se deshizo del cadáver", según la tesis de la Guardia Civil.

El avance de la investigación contó con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), y del Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas (GEAS) y el Servicio de Criminalística de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

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