ALMERÍA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de diez años y diez meses de prisión para el que fuera vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería en 2007 y exresponsable de Turismo bajo gobierno socialista Luis Pérez por el conocido como 'caso Facturas', con el que se sustrajeron 706.000 euros de la institución, después de que fuera rechazado el recurso de casación y confirmara la sentencia de origen, toda vez que rebaja hasta los siete años y diez meses la pena para la exsecretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, a la que absuelven de un delito de infidelidad de documentos.
El fallo del Alto Tribunal, consultado por Europa Press, estima parcialmente los recursos de otros tres acusados en cuanto a la inhabilitación especial aunque confirma el resto de los pronunciamientos sobre los 14 de los 18 acusados que fueron condenados a penas que oscilan entre los once meses de prisión y los diez años y diez meses por delitos de falsedad, malversación y fraude.
El tribunal ha rechazado los motivos esgrimidos por la defensa del exvicepresidente socialista al constatar la existencia de un "concierto" entre él y la exsecretaria del Patronato desde el 25 de septiembre de 2007 para apropiarse de fondos públicos y "quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública".
Con ello, da cuenta de la abundante prueba testifical realizada en sala a través de distintos gerentes del Patronato como de empresarios para elaborar facturas por uno servicios o suministros que "no se prestaban" o "no se entregaban, o se entregaban a una cantidad muy inferior a la realmente facturada", de modo que tanto la exsecretaria como el exvicepresidente "daban por válidas esas facturas ficticias".
En la misma línea, incide en la propia declaración del ex responsable socialista, quien admitió haber realizado un viaje a Acapulco y a Edimburgo con su pareja, de modo que "al menos en uno de ellos no pagó la parte de su mujer", con lo que "tenía que saber que esas facturas serían pagadas por el Patronato".
"La presentación de una factura falsa en su integridad para abonar tal gasto supone sin duda que Luis Pérez sabía de ese actuar", expresa la sentencia.
Estos aspectos, junto con otros procedimientos, suponen la existencia de "una serie de indicios acreditados, con fuerza incriminatoria" que apoyan la conclusión de que el exvicepresidente "actuaba de común acuerdo" con María Teresa González sin que las explicaciones dadas por el acusado no tenga la "credibilidad" o "verosimilitud" precisa para hacer decaer los cargos.
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Si bien la sentencia considera "incuestionable" que la exsecretaria procediera a la ocultación de documentos para evitar el acceso a los expedientes, el Tribunal Supremo la absuelve de un delito de infidelidad en la custodia de documentos al entender que incurre en el "autoencubrimiento impune", es decir, que la autora de delitos de fraude, malversación, falsedad y cooperador necesaria del delito de prevaricación destruyó los expedientes "con el objeto de lograr su impunidad" sin que llegara a transgredir otros bienes jurídicos.
El fallo considera probado que desde finales de septiembre de 2007 el entonces vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y la secretaria delegada del Patronato Provincial de acordaron un plan para destinar los fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo a fines ajenos.
Para ello, se pusieron de acuerdo con empresarios que, o bien eran proveedores habituales del Patronato de Turismo, o bien los asociaron al Patronato para este fin, sentido en el que considera probada la participación de empresarios como Joaquín Conde, a quien impone hasta cinco años de prisión por delitos de malversación y falsedad.
Para dar apariencia de legalidad y soporte jurídico a tales facturaciones, Pérez dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar, pero sí pagar, por el Patronato, toda vez que emplearon diferentes procedimientos encaminados a evitar la fiscalización de las facturas por los órganos de la Diputación.
Además ambos se quedaron con otras cantidades de dinero perteneciente al Patronato Provincial de Turismo por otras vías, en concreto, mediante la facturación del anticipo de caja fija y la obtención de terminales móviles, así como en el caso de González, quedándose con parte del dinero que le fue adelantado para sufragar gastos de Fitur 2011.
